La casa de Emanuel, un agente santafesino asesinado
Una casa pequeña de un solo cuarto muy precario sin revocar, al fondo de otra modesta vivienda de material, la de su madre. En esa pequeña habitación desangelada, con luz pero sin baño ni calefacción, vivían el agente Emanuel Del Mastro, su mujer y su hijo de dos años.

Lunes 29 de Junio de 2009

Una casa pequeña de un solo cuarto muy precario sin revocar, al fondo de otra modesta vivienda de material, la de su madre. En esa pequeña habitación desangelada, con luz pero sin baño ni calefacción, vivían el agente Emanuel Del Mastro, su mujer y su hijo de dos años. Una mirada a ese efímero albergue agrega un poco más de tristeza y aislamiento a la muerte que tuvo este joven policía. Una sensación tan rotunda en su dureza como llena de sentido.

Muchos otros empleados de reparticiones del Estado, sobre todo los que recién empiezan como Emanuel, no tienen casa propia. No todos, sin embargo, llegan a fundirse en esa pobreza. El capital simbólico y material de los policías es, probablemente, el que haya sufrido el deterioro más constante a través de los tiempos recientes. Algo grave, reiterado, injusto. Y, sólo a primera vista, disociado de la prosperidad que consiguen otros camaradas.

Asesinaron a un policía que cumplía un servicio irregular en una casa que no puede ser habilitada como comercio. Impresiona la condensación de sentidos que caben en un solo acto. 1) La dimensión del trabajo en negro, por lo tanto sin amparo para quien lo asume, bajo la esfera del propio Estado. 2) La necesidad o la privación que empujan al trabajador a tomar lo que no puede obtener de otro modo. 3) Los niveles de protección institucional a ciertas actividades como la prostitución que implican, en realidad, explotar a los niveles más falibles de la cadena: no los proxenetas, con los que se negocia, sino a las meretrices, a las que se hostiga. 4) La aceptación social —civil— de esta realidad tan prolongada como de palmaria visibilidad.

Emanuel Del Mastro cuidaba un prostíbulo porque lo mandaba un superior que negociaba por ello un pago que se metía en un sobre que se canalizaba hacia arriba. Esto no es el resumen de este caso, sino de una subcultura policial afirmada en una serie de usos y costumbres que se encuentran históricamente avalados y reproducidos en su interior. Y que se afirmó porque, durante décadas, los poderes del Estado delegaron en la fuerza provincial el control que debían ejercer, permitiendo su autogobierno. La condición fue, casi siempre, tolerar ese esquema de recaudación, hasta beneficiándose de él, a cambio de que la policía regulara la criminalidad violenta, que es la que suele producir el descontento capaz de condenar gestiones políticas a la ruina.

Como explican criminólogos como Marcelo Saín, Mariano Ciafardini o Alberto Binder, lo que se ve es parte del circuito estable de autofinanciamiento ilegal de la policía. Con el asesinato de Del Mastro explota la prueba de que, como dice Eugenio Zaffaroni, la agencia de prevención del delito se financia con la práctica de algunos delitos.

Entre tanta evidencia se eleva una pregunta que no es tan evidente ni tampoco de respuesta fácil. Qué hacer para poner fin a este histórico modo policial —con convalidación estatal— que construyó una subcultura institucional propensa a la corrupción. Que financia con estos métodos no solamente el buen pasar de muchos oficiales sino, también, las necesidades operativas de una fuerza que suele tener condiciones de infraestructura, movilidad y logística deficientes para hacer frente al rol que la sociedad le exige a diario.

Aunque sea subterráneo, lo que existe y no se resuelve tiende a reaparecer en forma cíclica y violenta. En 2004 el homicidio de Sandra Cabrera desnudó la trama asociativa con la prostitución que ahora resurge con otro asesinato. La presencia inmediata de policías en uno y otro caso delata la proximidad y la persistencia histórica del lazo. Todavía rigen los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución escandalosa, un tipo penal que nunca permite entender qué se castiga. Lo que de verdad es un delito —el rufianismo— está fuera de sanción. En realidad los policías arreglan con los rufianes.

Los superiores de Emanuel Del Mastro, el chico de 26 años que vivía en un fatigado cuarto de Roldán, lo mandaban a cumplir un trabajo de riesgo, que hacía por cien pesos por noche que le ayudarían a levantar una segunda pieza. Esa precariedad vuelve a muchos policías mano de obra dispuesta y abundante para que este circuito estructural, de no tocarse ahora, avance como una enredadera al precio de que cada tanto paguen los más vulnerables, siempre personas como Emanuel, a quien luego dejamos solo, negándole hasta la honra del funeral.

En el medio germina una dinámica de escepticismo: la sociedad sospecha que los que investigan la ejecución de Del Mastro están dentro de la máquina que lo llevó al lugar donde encontró su muerte.

Por eso este partido no se juega en el renglón de la policía sino más arriba. Así todos los niveles de gobierno estén al margen de ella, la caja negra es una cabeza de medusa que, al reproducirse, todo lo traga. El desolado lugar en que quedó Emanuel nos viene a advertir sobre eso.

Hernán Lascano

La Capital