Washington. — El gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama,
demandó ayer al Estado de Arizona por su nueva y estricta ley de inmigración, en una medida
criticada por los republicanos, quienes dijeron que se necesitaban mejores niveles de seguridad. La
polémica ley exige a policías estatales y locales investigar el estado inmigratorio de cualquier
persona que sospechen está ilegalmente en el país, lo que ha llevado a los críticos a decir que la
medida es inconstitucional.
La ley de Arizona, un Estado controlado por republicanos, fue aprobada
en un intento por frenar el afluente de miles de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera desde
México cada mes y combatir el narcotráfico y otros delitos en la zona.
La demanda, presentada mientras el Congreso se encuentra en un receso de
una semana, es parte de un enfoque mayor de Obama para lidiar con los 10,8 millones de inmigrantes
ilegales que se cree se encuentran en el país, que indica que la inmigración es responsabilidad del
gobierno federal y no de cada Estado. La acción legal es una apuesta política del gobierno,
mientras una encuesta mostró que el 59% de las personas aprueban la ley de Arizona.
La ley de Arizona podría “interferir con la vital política
exterior y los intereses de seguridad nacional al interrumpir la relación de Estados Unidos con
México y otros países”, dijo el Departamento de Justicia en la demanda de 25 páginas.
El Departamento de Justicia presentó la demanda en una corte federal en
Arizona y pidió una orden preliminar y permanente contra la polémica ley, que entraría en vigor el
29 de julio.
La disputa legal también se produce en un momento crucial, cuatro meses
antes de las elecciones parlamentarias de medio mandato en la que la comunidad hispana es un gran
bloque electoral que suele votar por los demócratas.
Poco antes de que se confirmara la noticia, la gobernadora de Arizona,
Jan Brewer, ya había anunciado su intención de “defender de forma muy agresiva” la
normativa.
Republicanos también condenaron la demanda, diciendo que la ley aún no
entraba en efecto y que por lo tanto cualquier impugnación era prematura. “El gobierno de
Obama no ha hecho todo lo que puede para proteger a la gente de Arizona de la violencia y el delito
que la inmigración ilegal trae a nuestro Estado”, dijeron en un comunicado los dos senadores
republicanos de Arizona, John McCain y Jon Kyl.
Cuestionamientos. Funcionarios y críticos han condenado la ley, cuestionando su
constitucionalidad e indicando que llevaría a la discriminación étnica, junto a una mayor división
con los hispanos, una población que crece aceleradamente en el país. México expresó su
“beneplácito” por la demanda contra la ley, que dijo tiene el potencial de afectar los
derechos de miles de mexicanos.
La semana pasada, Obama dio su mayor discurso sobre la reforma
inmigratoria, llamando a ambos bandos políticos a unirse para aprobar una medida extensa, pero que
se ha visto opacada en gran parte por la crisis y el derrame de crudo en el Golfo de México. l
