El lanzamiento del programa Procrear, que aspira a construir 400 mil viviendas en cuatro años, con dinero de la Ansés, aumentó la indignación de los jubilados, que ven con resignación que continuarán con sus padecimientos. No hay plata para los jubilados pero sí para préstamos que no condicen con la función que debe cumplir la Caja. Los 200.000 millones de pesos se van a requerir para financiar el plan de construcción de viviendas con préstamos a tasas bajas. Mientras tanto, hay más de 200.000 jubilados que ganaron sus juicios por reajustes y a los que la Ansés no les paga. Diego Bossio, muy suelto de cuerpo, en declaraciones a la prensa, adelantó que no está entre los planes del gobierno acatar un eventual fallo de la Corte que obligue a extender a todos los jubilados los efectos del llamado "caso Badaro", puesto que pondría en riesgo institucional al sistema de seguridad social. En primer lugar, pienso que el riesgo institucional lo provocaría el mismo gobierno al no acatar un fallo de la Corte Suprema. En segundo lugar, y según declaraciones del mismo Bossio, aseguró que el costo de extender el fallo Badaro al resto de los jubilados representaría unos 14.000 millones de pesos anuales. Sin embargo se anuncia un plan de viviendas de 20.000 millones. Las dificultades de la Ansés para hacer frente al pago de las sentencias de actualizaciones tiene que ver con que el dinero del organismo se destina a otros fines. La caja de jubilaciones no la utilizan para hacer un reparto solidario sino un resorte para hacer política social indiscriminadamente y sin control. Esta caja también proveyó ayuda financiera a provincias amigas y préstamos a empresas. Una caja de Pandora que depararía muchas sorpresas en caso de ser auditada. De cualquier forma, habrá que esperar a ver qué sucede con este plan de viviendas, un anuncio que crea expectativas en la mayor parte de nuestra sociedad. Estoy de acuerdo con el objetivo, pero no con qué plata se financia. Hay juicios trabados y jubilados que mueren teniendo sentencia a favor pero que nunca les pagaron. Siguiendo el mismo lineamiento, variaciones sobre un mismo tema; si tenemos en cuenta el haber promedio jubilatorio y el sueldo promedio del aportante, la jubilación solo alcanza un 40 por ciento móvil. Lejos estamos del 82 por ciento móvil que fija la Constitución como obligatoriedad para poder vivir con cierta dignidad, una dignidad que trató de darles el Congreso de la Nación a través de una ley que la presidenta Cristina Fernández vetó.

Manuel Basanta,
DNI. 93.971.708