La cuestión de la validez de las pruebas, un aspecto clave en el debate por los crímenes de barrio Parque que llegaron a juicio, se introdujo de lleno en los primeros alegatos de las partes ante el tribunal. El fiscal Esteban Franichevich, primero en hablar, acusó a Martín Santoro de haber robado y matado a Concepción Lavore, a Susana García de Giménez y a José Savini en 2010. Fue escueto y se enfocó en los datos fácticos de los hechos y el encuadre penal. Consideró los tres casos como homicidios crímins causa, es decir, cometidos para cometer o encubrir otro delito, en este caso el robo. La figura prevé prisión perpetua.

El querellante Ignacio Carbone, en representación de de los hijos de García, adhirió al relato de la fiscalía e hizo referencia a las desprolijidades de la causa y la pérdida de pruebas. "Esto para nada va a afectar la prueba de calidad. Hay testimoniales, periciales y y prueba científica que determinará que el acusado es quien ingresó a la propiedad de la víctima. Entendemos que todos los homicidios responden a un mismo patrón. Fueron casos aberrantes, por eso la sociedad necesita una sanción ejemplificadora", remarcó.

Por último el abogado Raúl Superti, defensor de Santoro junto a Rafael Tamous, advirtió sobre una incongruencia entre el planteo actual del fiscal y el encuadre penal que el acusador había realizado previamente. Hizo eje en las dudas sobre la validez de la evidencia: "Nuestra labor ha sido controlar la regularidad, validez y legalidad de los elementos de pueda. Verificar que puedan constituir convicción razonable para una sentencia. No tenemos ninguna duda de que eso no va a ser posible porque el imputado no fue el autor de esas muertes", planteó.