Hace casi un año, un alto funcionario del municipio advirtió sobre las irregularidades que cometía la conflictiva bailanta Poker, que funcionó hasta la semana pasada en el club Central Córdoba, cuando estalló la polémica por presunta venta de drogas. El ex director de Inspección, Gregorio Ramírez, fue más allá y mediante una nota formal se opuso a prorrogar la precaria habilitación y se lo transmitió al entonces subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Luis Baita, y por ende a su superior, el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado.
El planteo formal de Ramírez deja al descubierto que en la propia Intendencia estaban al tanto, un año atrás, de las denuncias por tergiversación de rubro y otras anomalías que giraban en torno a la bailanta que funcionaba los fines de semana en las instalaciones de San Martín al 3200.
Los vecinos de la zona sur se cansaron de plantear que al interior de la sede social de la entidad charrúa los fines de semana había en realidad una bailanta de grandes dimensiones, con altos decibeles de música, sin tratamiento acústico, donde se vendía droga y se enfrentaban bandas.
El caso tuvo un viraje al cambiar la comisión directiva de Centra Córdoba. El mismo domingo en que asumió la conducción, el domicilio de uno de sus integrantes fue atacado a balazos y en el club vincularon el suceso con la decisión de revisar el funcionamiento del boliche.
Tanto que el flamante presidente, Carlos Lancellotti, aclaró que el estatuto del club no permitía ceder parte de las instalaciones para una bailanta. E incluso remarcó que al arribar a la presidencia no encontraron ningún contrato con los gerenciadores del boliche.
La polémica suma ahora un nuevo capítulo. La advertencia del ex titular de Inspección, a la que accedió LaCapital, está fechada el 22 de abril de 2013. Ese día ingresó formalmente por el sistema de notas de la Secretaría de Gobierno, bajo el número 27627/2013.
Allí, Ramírez objetó la decisión de la Intendencia de renovarle el denominado "permiso de Parlante" a la entidad charrúa y su bailanta, para los días 19, 20, 26 y 27 de abril del año pasado.
"En mi carácter de director general de Inspección de Industria, Comercios y Servicios manifiesto mi disconformidad con dicha autorización y la continuidad de eventos realizados y a realizarse, por tratarse de un club no habilitado, en estado de clausura", señaló Ramírez en la misiva.
Luego agregó: "Asimismo informo que inspectores a mi cargo se harán presentes en el lugar los días de los eventos a fin de controlar cuestiones de seguridad, salubridad e higiene".
Consultado por este diario, Ramírez explicó las razones de aquella decisión: "Lo que allí funcionaba no guardaba relación con el trámite que se había iniciado en la Municipalidad, se tergiversó la actividad, se violó el factor ocupacional, se detectaron ruidos molestos y numerosos conflictos a la salida", precisó.
Ramírez comentó que "el permiso de parlante es una figura pensada para una jornada de diversión reducida, por ejemplo en un club de barrio para juntar fondos. Como tal debe renovarse mensualmente".
"Cuando durante nuestra gestión inspeccionamos el lugar —continuó— detectamos varias faltas y por eso procedimos a clausurarlo en reiteradas oportunidades".
Además, como el club no está debidamente habilitado, "como la mayoría de los clubes de la ciudad", no podía tramitar un permiso para que funcione allí una cantina o un local bailable. "Ese trámite ni siquiera podían iniciarlo", agregó.
Por las anomalías detectadas, que no hicieron otra cosa que corroborar las denuncias de los vecinos, Ramírez se opuso a renovar la precaria habilitación de Póker.
Se lo hizo saber a Baita, que dependía de Asegurado. Desde aquel entonces, las renovaciones de los permisos fueron firmadas por otros funcionarios.
