El gobierno argentino exhortó ayer a Uruguay a que deje "sin efecto" la autorización para el incremento de la producción anual de la planta papelera de UPM (ex Botnia), ya que constituye "una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas establecido en el Estatuto del Río Uruguay". Cancillería presentó una nota formal de reclamo ante la embajada uruguaya en Buenos Aires, advirtiendo sobre la inminente demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
"El gobierno argentino reclama que, de inmediato, el gobierno uruguayo deje sin efecto la resolución, produzca la información complementaria pendiente, solicitada reiteradamente por la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), y se atenga al procedimiento de información y consulta previas previsto en el Estatuto del Río Uruguay", indicó la nota emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Héctor Timerman.
Y advirtió que "de no proceder así el Uruguay, la Argentina considerará que la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia con sede en la ciudad holandesa, algo previsto en el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay".
El texto, destinado al canciller Luis Almagro, fue enviado a la embajada en Buenos Aires poco después de que el presidente uruguayo, José Mujica, confirmara a la prensa que no habrá más conversaciones con la Argentina por el tema de la pastera hasta que su par Cristina Kirchner se recupere y vuelva a sus funciones, tras las elecciones legislativas del domingo 27.
"Decidimos no hacer declaraciones, esperar un poco más. Queríamos ver que la señora presidenta se recuperara y le dieran el alta. La Argentina está en un proceso electoral, me parece que es prudente esperar que pase", sostuvo el mandatario oriental.
En el documento enviado este martes al embajador uruguayo, el gobierno ratificó que la autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente constituye "una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, el cual se encontraba en pleno desarrollo".
"El gobierno argentino lamenta que el gobierno uruguayo, a pesar de los requerimientos formulados a diferentes niveles y hasta muy recientemente, haya adoptado esta medida. Esta interrupción unilateral constituye una nueva violación por parte del Uruguay de sus obligaciones que emanan del Estatuto del Río Uruguay y que la Corte Internacional de Justicia tuvo oportunidad de precisar en su fallo del 20 de abril de 2010", agregó la nota de la Cancillería.
Y señaló que "dicha autorización se inscribe también en la constatación del incumplimiento por parte de la planta de UPM (ex Botnia) de los estándares establecidos pertinentemente y que se verán agravados si la autorización de aumentar la producción se implementara".