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La agencia AP acusó al gobierno de EEUU de espiar a sus periodistas

La credibilidad de la administración del presidente Barack Obama enfrenta crecientes cuestionamientos. El Departamento de Justicia obtuvo secretamente los registros de llamadas de al menos cien reporteros entre abril y mayo de 2012.  

Miércoles 15 de Mayo de 2013

No hace ni tres semanas que se podía ver a un Barack Obama celebrando alegremente con algunos de los periodistas estadounidenses más conocidos, durante la anual cena de corresponsales de la Casa Blanca. El presidente contaba chistes que arrancaban carcajadas y aplausos. El champán fluía generosamente, la armonía parecía total. Como cada año, sobre todo la oposición republicana se quejaba después de la falta de distancia crítica de los reporteros frente a "su" presidente, de la excesiva cercanía de la prensa con el mediático político.

Pero si existió alguna vez esa cercanía, desde luego últimamente no se ha visto demasiado en Washington. En apenas cuatro días, Obama ha visto cómo la presión aumenta sobre su presidencia como nunca antes en sus ya más de cuatro años de mandato. Hasta tres temas distintos le están haciendo sentir la presión de los medios: de un lado, volvió a resurgir la pregunta de si la Casa Blanca intentó bajar el tono al ataque terrorista contra su consulado en la ciudad libia de Bengasi, que costó la vida a un embajador estadounidense, por motivos electorales. A ello se une el escándalo destapado en estos días sobre la discriminación intencionada por parte de la agencia encargada de la recaudación de impuestos del país (IRS) a organizaciones conservadoras próximas a los republicanos.

Y ahora le caen al Departamento de Justicia de Obama acusaciones de espionaje nada más y nada menos de la agencia de noticias estadounidense AP. Según la renombrada empresa periodística, investigadores oficiales recopilaron secretamente entre abril y mayo de 2012 conversaciones telefónicas de más de cien de sus periodistas, entre ellos los que investigaban una operación de la CIA que frustró un atentado de Al Qaeda. Tan sólo meses después de estas escuchas se le informó a la propia AP de la investigación, sin darle la oportunidad de defenderse jurídicamente de la orden de realizar las escuchas o de avisar siquiera a los colegas afectados.

El presidente de AP, Gary Pruitt, denunció en una iracunda carta de protesta el acto como una grave violación de la Constitución estadounidense, en la que la libertad de prensa disfruta de una protección destacada. La asociación que representa a casi 2.000 periódicos en Estados Unidos "Newspaper Association of America" calificó la acción como una "conmoción para la conciencia estadounidense y una violación de la importante libertad de prensa protegida por la Constitución".

Top secret. Las críticas llegaron del mismo Partido Demócrata de Obama. El y presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, se declaró "profundamente preocupado" por este caso. Todo lo sucedido estaría permitido si el haber avisado previamente al medio afectado supusiera una "importante amenaza para la integridad de la investigación", de acuerdo con las propias normas del Departamento de Justicia. Según expertos, el fiscal general, Eric Holder, debió aprobar personalmente una acción de tal calibre. El trasfondo del caso podría ser un atentado que logró desbaratar la Agencia Central de Inteligencia (CIA), una operación de la que posteriormente se hallaron detalles en la prensa, pese a que habían sido declarados "top secret". Cuando ha sucedido una filtración de este tipo en el pasado, Obama ha decretado la búsqueda inmediata del "topo" en su gobierno. El propio Holder anunció en junio del año pasado "tolerancia cero" para los que revelen secretos. El significado de ello lo vivió en carne propia un reportero de The New York Times. Las autoridades confiscaron sus datos telefónicos y bancarios después de haber publicando, presuntamente, informaciones secretas sobre el programa nuclear de Irán. En total, el Departamento de Justicia realizó ya seis investigaciones sobre empleados gubernamentales o ex funcionarios por presuntamente haber hablado sin permiso con la prensa.

Filtración. El fiscal general Eric Holder, se distanció ayer de la polémica que rodea al gobierno de Obama al asegurar que no fue él quien dio la orden de investigar los registros telefónicos de AP, puesto que en esos momentos él ya se había inhibido del caso. "Me inhibí de este asunto" para evitar un "conflicto de intereses", dijo Holder en rueda de prensa en Washington, en momentos en que la oposición republicana empezaba a exigir su dimisión. El motivo, explicó, fue que él mismo había sido entrevistado por el FBI en relación con el caso de filtración de información secreta -una "filtración muy muy grave", subrayó Holder- que llevó al subalterno suyo que asumió consecuentemente este asunto a ordenar la investigación de la agencia de noticias.

La Casa Blanca ya dejó en claro que no quiere saber nada de la recopilación de datos de la lista telefónica de la agencia AP. "Obama es un firme defensor de la libertad de prensa". se limitó a decir el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, tomando una clara distancia del asunto. Está por ver aún sin embargo si esta actitud libra a un Obama acosado por la ira de la prensa.

Lluvia de críticas

Las críticas de organizaciones de prensa de EEUU tuvieron como blancos a Obama y a su fiscal general. El espionaje también fue condenado por Reporteros sin Fronteras, que lo calificó de “infracción gravísima”, y por la Sociedad Interamericana de Prensa, que habló de violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales.

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