El fiscal de la causa que investiga supuestos delitos económicos por el desvío de fondos judiciales inmovilizados del Banco Municipal por un millón de pesos, en el cual aparecen seriamente comprometidos un magistrado de Rosario, su secretario, tres abogados y un martillero, ofició a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe y a la Caja Forense para que informen si, previo a la autorización de pago emitida desde Tribunales, se realizaron los aportes previsionales correspondientes. Una vez corroborado ese dato, es inminente el llamado a declaración indagatoria de los sospechosos.

La escandalosa maniobra denunciada por el Banco Municipal, que obligó a la Corte Suprema de Santa Fe a ordenar el inusual apartamiento de sus cargos y el inicio de un sumario administrativo al juez Civil y Comercial Nº 17, Alejandro Pedro Martín, y de su secretario, Ricardo Lavaca, sigue sumando medidas para tratar de desentrañar los movimientos detectados entre julio de 2010 y agosto de 2012.

El mecanismo consistía en embargar cuentas inmovilizadas del banco, pero de causas que no se tramitaban en el juzgado de Martín. Luego, ese dinero era transferido a las cuentas de un grupo de abogados para el pago de juicios ejecutivos, los cuales se trata de establecer si tenían entidad o eran falsos.

En ese sentido, dentro de la causa penal que investiga la magistrada de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, además de los funcionarios judiciales aparecen involucrados tres abogados y un martillero que resultaron beneficiados con los fondos, uno de los cuales sugestivamente devolvió 550 mil pesos hace dos meses.

Cuando la semana pasada estalló el escándalo, el fiscal Nº 2, Carlos Covani, confirmó que el monto de dinero tomado desde el juzgado ascendía al millón 50 mil pesos en 56 movimientos.

Mientras Lamperti se encarga de acumular pruebas sólidas que le permitan arribar a un grado de sospecha para imputar un abanico de delitos graves como la estafa, el incumplimiento de funcionario público o la asociación ilícita, el fiscal solicitó información a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe y a la Caja Forense.

Se trata de un dato puntual respecto del deber del juez y del secretario: el de certificar que, previo a librar las órdenes de pago, los abogados cumplieran con la obligación de pagar los aportes previsionales.

"No hay juzgado que autorice el pago de honorarios si no se presentan las boletas de cumplimiento previsional", dijo un letrado del foro local acostumbrado a litigar en el civil, y para quien la irregularidad resultaría "gravísima".

Los embargos bajo sospecha fueron absorbidos de al menos 20 juzgados. Esas cuentas eran administradas hasta mayo de 2010 por el Banco de Santa Fe, pero a partir de ese momento pasaron a la órbita del Banco Municipal. En ese sentido, la pesquisa indaga en la posibilidad de que el padrón de cuentas inmovilizadas (algunas desde hace décadas) haya sido manipulada por personas que entregaron información para colaborar con el fraude que sacude al ámbito judicial.

Damnificada

Si se comprueban las maniobras irregulares en el Juzgado Civil y Comercial Nº 17, un damnificado directo sería la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Santa Fe. Es que, por la ley 10.727, el dinero de las cuentas judiciales inmovilizadas por más de diez años debe ser transferido a esa entidad. Según la norma, anualmente (en noviembre) el banco debe remitir al Poder Judicial el listado de las cuentas con comunicación de que los fondos serán transferidos a la institución previsional.