Los jueces correccionales de Rosario manifestaron a sus superiores encontrarse en una situación de colapso. El hecho de que cuatro juzgados estén vacantes, según exponen en una carta, hace que solamente seis magistrados deban atender todas las causas que se tramitan en la jurisdicción, que al cierre del año 2009 eran 121.255. Frente a esa demanda pública los jueces pidieron a la Corte Suprema de Santa Fe que requiera al Ministerio de Justicia de la provincia la agilización de los trámites para la cobertura de los cargos vacantes a través del llamado “banco de suplentes”.

Este banco de suplentes es la plataforma de donde salen los reemplazantes para cubrir los lugares vacantes. En este momento no hay allí magistrados disponibles para esta emergencia debido a que todos los suplentes ya están cubriendo otros cargos. El ministro de Justicia de Santa Fe, Héctor Superti, dijo ayer que mediante el decreto 517/10 se estableció un mecanismo para seleccionar a los candidatos que integrarán el banco de suplentes en base a un orden de mérito que procura mejorar el régimen de selección, de modo que los postulantes que lleguen sean los más idóneos.

Esto, que según Superti fue un requerimiento general para evitar discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la selección, implica un concurso especial con jurados y una entrevista. Este trámite estará terminado, a criterio del ministro, en el curso de mayo, para que entonces los pliegos de los escogidos desemboquen para su aprobación en la Legislatura. Es decir que para esa fecha habría una respuesta al pedido de los jueces conocido ayer. El decreto 517/10 fue emitido hace once días: el 12 de abril pasado.

Bajo agobio. Entretanto los jueces correccionales —que son los que atienden expedientes por delitos con penas menores a tres años de prisión— aseguran que en el marco actual están imposibilitados de atender la demanda de sus propios juzgados sumada a la de los juzgados vacantes.

Desde el Ministerio de Justicia de la provincia reconocieron que el asunto es una cuestión a resolver pero con varias salvedades. La primera es que la desproporción entre cantidad de causas penales y juzgados no es nueva en los tribunales correccionales: el colapso es una circunstancia histórica de arrastre que ahora se agrava por las vacantes coyunturales. Y que la solución definitiva para el agobio esos juzgados —que en el esquema del entrante sistema de enjuiciamiento de delitos van a desaparecer— no pasa por la creación de otros nuevos.

“El alivio de fondo para estos problemas pasa por el nuevo sistema de enjuiciamiento y por sus nuevos instrumentos. La solución de muchas de esas 100 mil causas deberá hacerse no con una investigación tradicional sino con mecanismos más rápidos como la mediación penal o un acuerdo reparatorio a las víctimas”, planteó ayer Superti. También con el criterio de oportunidad que implica que los fiscales —ante la convicción de que es materialmente imposible actuar en cada expediente— opten por impulsar la investigación de los hechos más relevantes o de interés público. Hoy muchas de las causas terminan prescriptas o archivadas porque el sistema vigente no puede abarcar a todas.

La carta de los jueces correccionales fue dirigida al presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez y al titular de la Cámara Penal de Rosario, Adolfo Prunotto Laborde.

Los candidatos a jueces definitivos en el nuevo sistema deberán hacer un curso de capacitación para poder concursar. Este curso finalizará a fin del primer semestre de este año. Superti aseguró que en el segundo semestre del año se llamará a concurso para cubrir todas las vacantes de jueces penales de la provincia.

El curso de capacitación fue definido por un consejo académico que integran los colegios de abogados y de magistrados, universidades y del Ministerio de Justicia.