El intendente Pablo Javkin denunció a un abogado en el Tribunal de Ética del Colegio que nuclea al foro rosarino por declarar públicamente en 2021 que la ordenanza de alcohol cero estaba suspendida, lo que para la gestión local tuvo una "grave afectación, generó confusión en la sociedad y puso en riesgo la seguridad pública”. Es el mismo letrado que hace pocos meses demandó al municipio por el control de bicicletas en el cantero central de bulevar Oroño y, más atrás en el tiempo, por el proyecto de una cochera subterránea en la plaza San Martín, y la obra en la cascada del Saladillo.
En el marco de la puesta en marcha de la ordenanza de alcohol cero, que se aprobó en abril de 2021 en Rosario y se reglamentó a partir del 8 de mayo, el abogado Jorge Enrique López Mirosevich presentó una demanda contra la Municipalidad en la que reclamó que se deje sin efecto esa disposición municipal y se reemplace por la anterior, que permitía un máximo de 0,5 gramo de alcohol en sangre.
Es que, según argumentó, no se habían realizado los informes técnicos previstos por el Sistema Métrico Legal Argentino, y tampoco se habían tenido en cuenta los parámetros admitidos por la ciencia, y las mediciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Raid mediático
Mientras el juzgado Civil y Comercial Nº 14, a cargo de Marcelo Quaglia, le daba trámite al caso y aceptaba analizar la situación, pero sin ordenar la suspensión de la normativa, López Mirosevich hizo una serie de apariciones en medios de comunicación locales para opinar sobre el tema.
En su denuncia ante el Colegio de Abogados, la Municipalidad describió que el abogado declaró que la normativa no estaba vigente en el programa El Primero de la Mañana de LT8, el 12 de agosto, dos días después en la FM Boing 97.3, y en una nota del diario Página 12. El 14 de agosto el juez Quaglia rechazaba el amparo y el pedido de suspender la vigencia de la ordenanza alcohol cero.
Los riesgos de confundir a la sociedad
Para Javkin, la conducta del profesional “puso en riesgo la seguridad pública al dar por cierto que la ordenanza de alcohol cero estaba suspendida”. Amparado en el estatuto del Colegio de Abogados, en normas de ética profesional y en el reglamento del Tribunal de Ética de la entidad, el mes pasado el municipio formalizó la denuncia contra López Mirosevich por “la difusión pública de noticias inexactas en relación a la ordenanza 10.182”.
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El titular del Palacio de los Leones pidió que se inicie la investigación correspondiente “a fin de verificar si la conducta del profesional se encuentra inmersa en alguna falta ética y, en su caso, se apliquen las sanciones que correspondan”.
La presentación está en manos del Tribunal de Ética, que avanza en la pesquisa y ya notificó al profesional y abrió un proceso de presentación de pruebas que está en su etapa final. Luego, el expediente pasará a sentencia hasta conocerse el veredicto.
Asiduo amparista
López Mirosevich es un especialista en ley 10.000 de intereses difusos, que tutela la potencial afectación de derechos a la salud o el ambiente. Con esa herramienta legal, presentó varias demandas contra la administración local.
La última fue sobre la circulación de bicicletas en el cantero central de bulevar Oroño. A través de un amparo, exigió a la Municipalidad que ejerza el poder de policía y haga cumplir la ordenanza que prohíbe la circulación de los rodados por ese sector del tradicional paseo rosarino.
Más atrás en el tiempo, en 2012, presentó un amparo a favor de vecinos de la zona de la plaza San Martín que se oponían a la construcción de una cochera subterránea, un proyecto impulsado pro la gestión de Mónica Fein. El expediente se tramitó en el juzgado Civil y Comercial Nº 18.
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En marzo de 2013, el mismo profesional representó a un grupo de vecinos del ex Batallón 121 para frenar un proyecto inmobiliario en el predio. Plantearon que la Municipalidad no había realizado los estudios de impacto ambiental, y reclamaron la realización de audiencias públicas.
En 2011, también bajo la ley 10.000 y con el poder que le entregaron los vecinos de Molino Blanco, se opuso judicialmente la licitación de la obra hídrica en la cascada del arroyo Saladillo, que buscaba contener la erosión del recurso natural ubicado en la zona sur de Rosario, entre otras obras para revitalizarlo y embellecerlo.
En ese momento, según planteaba López Mirosevich, los vecinos se oponían a la reforma del paisaje natural de la cascada porque que no contemplaba el aspecto natural, social, ni cultural del barrio. La obra finalmente se concretó, pero muchos años después.
