Por La Capital he tomado conocimiento de que en virtud de la persistencia de la protesta y lucha de sectores sociales postergados en la búsqueda de reinvindicar sus derechos sociales básicos, que hacen a la supervivencia, una fiscal de la Justicia provincial manda al organismo de Seguridad a garantizar el ingreso del personal de la Ansés (que tiene acceso sin restricciones) e identificar mediante fotografías y filmaciones a los acampantes. Aparte de judicializar la protesta social, la señora fiscal (de ser ciertas las medidas ordenadas) no sólo pretende intimidar a quienes luchan por lo que les corresponde y que es responsabilidad del mismo Estado garantizarles, sino que con su inocencia o desconocimiento no ha advertido que los servicios de inteligencia nunca fueron desactivados en nuestro país y ni siquiera han abierto los archivos históricos para las organizaciones de derechos humanos, a pesar de las promesas del gobierno "nacional y popular", y que dichas fotografías y filmaciones pasarán a integrar los archivos de dichos organismos, que tarde o temprano podrían ser utilizados por grupos de tareas u organizaciones que siempre están listos para ofrecer sus servicios a los entregadores y saqueadores de la soberanía nacional. Nuestra historia es testigo de un pasado en que, ante el avance de los pueblos, se implementaron aniquilamientos y genocidios de los dirigentes y luchadores más notorios. Es por ello que le pido a la fiscal que desista y revise dicha medida, e intime a los que deben resolver la situación de indigencia de la población para que tomen en forma inmediata las medidas conducentes, bajo apercibimiento de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Amilcar Monti,

DNI 6.038.156