A pesar de poseer en nuestro ordenamiento jurídico un bloque de constitucionalidad a través del artículo 75 inciso 22 que incorpora los tratados de derechos humanos, de contar con la ley 26061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, de contar en la provincia con un instrumento similar la ley 12.967, de haber ratificado Argentina la Convención de Belén do Pará y en consecuencia el dictado de la ley 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y en el municipio la ordenanza N° 8143, receptando la responsabilidad del Estado en todos sus estamentos, en la construcción de ciudadanía de infancia y adolescencia. A pesar de que ya nadie pone en duda que el niño es sujeto de derecho y no "objeto de protección", a Dante Purcell, un niño de casi tres años, en el Trámite por el Tribunal Colegiado de Familia N° 4 de Rosario, por el cual el padre a través de una orden emitida por un juez de Estados Unidos que ordena la restitución al domicilio del mismo, basado únicamente en su denuncia, "de que la madre lo sacó del país sin su autorización". Una falacia, ya que el niño salió de ese país gracias a que su padre firmó y de esa manera consintió la obtención del pasaporte. ¿Dónde vieron los jueces la ilicitud? ¿Por qué no se respetan los derechos constitucionales del niño Dante Purcell a tener un abogado propio que lo defienda, independientemente de los intereses que puedan esgrimir su madre y su padre? ¿A alguien le cabe duda de que Dante, un niño de tres años que apenas habla, se le están violando todos los derechos de que gozamos las personas adultas, porque es chiquito y no tiene un abogado? En el antiguo derecho romano hubiera estado en las mismas condiciones. El y su madre son víctimas del poder patriarcal, la madre está padeciendo una de las más horrendas formas de tortura, que le quiten a su hijo, y Dante la indiferencia, y falta de sensibilidad en la comprensión de sus derechos humanos por parte de la judicatura.

Carlos A. Solero,
Daniela Burlini