Desde el año pasado vengo promoviendo por medio de esta sección del diario La Capital la disolución del Enress, ente creado por la ley 11.220 (privatización de aguas y cloacas) para vigilar sustancialmente las prestaciones e inversiones de la empresa concesionaria que hace tiempo fue reemplazada por la estatal Aguas Santafesinas. He dicho, y ratifico, que este organismo que nos cuesta a los contribuyentes más de 13 millones de pesos por año ya no tiene razón de existir. La carta de Susana A. Galeazzi del 12 de mayo, por citar sólo una de las muchas de parecido tenor publicadas en los últimos meses, viene a confirmar la validez y vigencia de mi propuesta. Efectivamente, la misma es una ratificación de: 1) la ineficiencia de Aguas Santafesinas en atender legítimos reclamos a pesar de que la factura del período 3 del 2010 llegó con un aumento del 30 por ciento, 2) El rol absolutamente decorativo del Enress ante la queja de los usuarios. 3) Mucho peor, el papel de ente obstruccionista y retardador desde el punto de vista burocrático, ya que como lo dice la lectora Galeazzi, al acudir al genuino organismo de defensa del contribuyente ante las omisiones o abusos del Estado o sus empresas, la Defensoría del Pueblo, le informaron que previamente debía dirigirse al Enress y si en el término de quince días no obtenía resultados recién entonces podrían actuar. Vuelvo a pensar en las necesidades en materia de seguridad, salud o educación y en las doce millones de raciones, o en los 120 vehículos patrulleros o 200 nuevas aulas que podrían efectivizarse con el dinero que cuesta el Enress y reitero mi pregunta: ¿qué esperamos para disolverlo?

Elbio Martínez

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