Usualmente oímos en los medios a políticos, funcionarios, periodistas, que hablan de los derechos de la infancia. Sin embargo, pareciera que el tema no forma parte de la agenda política de la provincia de Santa Fe. El pasado 13 de febrero se nos informaba sobre el incumplimiento del gobierno provincial en reglamentar la ley 12.967 de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Una de las herramientas de protección (aunque contemplada como caso excepcional en el artículo 12) es la posibilidad de adopción, en aquellos casos en que sea imposible "ser criados y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen" o cuando se esté contrariando "el interés superior del niño". Hace poco escuchábamos en el programa "Los Notables", a la jueza María del Carmen Mussa, del Juzgado de Menores N° 1 de Rosario, diciendo que, según la ley, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe tomar cartas en el tema adopción. No obstante, muchas parejas –como en nuestro caso– nos hemos acercado a esta Dirección y la respuesta que recibimos fue "nosotros no tenemos nada que ver". Queda claro que los poderes del Estado no están de acuerdo en el tema.

Los niños y niñas no deben perder el derecho a una educación, a vivir una vida sana, a jugar, a recibir afecto. Existen papás y mamás en situación de pobreza, aun en casos de indigencia, que llevan a sus niños y niñas a la escuela, a vacunar, y les brindan toda la contención que pueden. Pero de qué vínculo biológico estamos hablando cuando los familiares no los contienen ni los cuidan y ni siquiera se hacen cargo de ellos. ¿Cuál es el vínculo si cuando dejan a un niño o a una niña en un hogar sustituto u orfanato, se olvidan de él durante meses enteros y no asumen ninguna responsabilidad? El Estado no se pronuncia y muchas veces maltrata a aquellos que buscamos una adopción legal o a madres que deciden entregar a sus hijos en forma responsable. Mientras tanto, crecen las redes de tráfico de personas y muchos chicos que podrían ser adoptados legalmente terminan siendo apropiados, negándoles su derecho a la identidad; o, en el peor de los casos, siendo víctimas de redes de prostitución y pornografía infantil. El Estado tiene herramientas y debe utilizarlas, no puede desentenderse.

Gabriela S. Grapatti,

DNI 22.542.325