Ocho efectivos, entre ellos seis agentes de la Patrulla de Caminos de la policía rosarina, están imputados de cohecho y falsedad ideológica tras conocerse una denuncia radicada por un camionero en los tribunales. Los uniformados fueron pasados a disponibilidad y el jefe de esa sección fue relevado del cargo por disposición de las autoridades de la Unidad Regional II.

Todo comenzó el 30 de abril en el puesto de peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires, en General Lagos, donde había apostada una brigada de la Patrulla de Caminos. Según la denuncia del camionero, durante una inspección de rutina los efectivos le exigieron dinero a cambio de no armarle una causa judicial ya que, según le dijeron, el número del motor del vehículo que conducía estaba adulterado.

El chofer, cuya identidad no trascendió, hizo la presentación en el juzgado de Instrucción Nº9, a cargo de Javier Beltramone. Allí dijo que conducía un camión por la autopista y, pocos metros antes de arribar al peaje, los agentes lo hicieron detener y descender del vehículo. Entonces empezaron a revisar los papeles y los números del camión hasta que en un momento sostuvieron que había una anomalía. "Señor, el número del motor está adulterado", le dijo uno de los policías.

Demorado.Sorprendido, el conductor sostuvo que tenía toda la documentación del rodado "en regla". Ante la insistencia del camionero de que no existía ninguna situación irregular, los agentes de la Patrulla convocaron a dos agentes de Sustracción de Automotores de la Unidad Regional II para que verificaran la presunta anomalía y un rato después esos efectivos arribaron al lugar y "corroboraron" lo sostenido por sus pares.

"Señor, no hay vuelta atrás, está fraguado" (el número del motor), afirmó uno de los policías. Pero el conductor se mantuvo en su posición y un uniformado le propuso "arreglar" la situación por una suma de dinero no precisada. Un vocero judicial señaló que el camionero se negó a pagar la coima y que los policías, entonces, lo demoraron en el destacamento de la Patrulla ubicado en el lugar.

Recién a las 23 de ese día los policías se contactaron en forma telefónica con el juez Beltramone para notificarlo del procedimiento y el magistrado ordenó el secuestro del camión. También dispuso la excarcelación del chofer cuando ya había estado 11 horas retenido.

Dos días después, el chofer se presentó en el despacho del juez Beltramone. Indignado, le relató al magistrado el incidente padecido y, para demostrar que había sido víctima de una maniobra ilegal, exhibió toda la documentación del vehículo. "Está registrado desde hace siete años como chofer y tenía todos los papeles en regla", comentó el portavoz judicial. El magistrado también constató que no existía la adulteración que esgrimían los policías.

Tras la comprobación judicial, el juez ordenó abrir una investigación y giró la causa a la fiscal Nº2, Lucía Aráoz. También dispuso que los uniformados involucrados —el jefe de la Patrulla de Caminos, Julio Rossi, un oficial principal, tres sargentos, un agente y dos peritos— presten declaración ante efectivos de Asuntos Internos, trámite que ya se concretó.

Los policías implicados no están detenidos y serán indagados la semana próxima por el juez Beltramone. La fuente consultada aclaró que las imputaciones que se le atribuyen son preliminares. "Podrían ser acusados de otros delitos", indicó el portavoz judicial.

En tanto, una fuente policial indicó que el comisario inspector Rossi fue reemplazado por el comisario inspector Angel Sánchez, quien hasta ahora se desempeñaba en la división Personal de la Unidad Regional II.