Gendarmería allanó ayer varias quintas frutihortícolas del suroeste marplatense en las que trabajarían niños y empleados en condiciones de ilegalidad, indicó anoche Patricia Gordon, psicóloga y miembro de la Fundación Alameda, que radicó la denuncia en la Justicia.

“Se estima que son 400 las personas afectadas. También observamos en el lugar a chicos y mayores viviendo en condiciones paupérrimas, en hacinamiento y expuestos a la acción de los agrotóxicos que se utilizan en las plantas”, dijo anoche la profesional, quien también es secretaria general del Colegio de Psicólogos marplatense.

“Entre las personas, se vieron varias embarazadas. La mayoría son de origen boliviano y de Santiago del Estero y Salta”, indicó Gordon a La Capital.

Sobre la investigación, la psicóloga que forma parte de la Asamblea Permanente contra la Trata de Personas señaló que el establecimiento “es un lugar muy conocido en Mar del Plata, y se partió de las denuncias de vecinos. En el seguimiento junto a los miembros de La Alameda, también participaron militantes de Hijos y Madres de Plaza de Mayo”.

Las fincas allanadas fueron identificadas como Compañía Frutihortícola S.A., Quinta Costa Mari y la Quinta Rueda, entre Batán y Sierra de los Padres, todas ellas investigadas en una causa judicial que lleva la Fiscalía 2, a cargo del fiscal Gustavo Rodríguez, con intervención del juez Rodolfo Pradas.

El operativo incluyó la intervención de un helicóptero para observar desde el aire la zona, ya que los investigadores sospechan que en las viviendas precarias de los alrededores se alojan las personas contratadas en las huertas.

Los campos ubicados a 20 kilómetros de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón, en el cordón frutihortícola de Sierra de los Padres y Batán son considerados “uno de los centros de producción frutihortícola más importante del país, que distribuye su producción en el mercado Central y para la exportación”.

“Las fincas de florihorticultura marplatenses se han convertido en verdaderos campos de concentración totalmente cerrados al exterior”, indicó la entidad y sostuvo que “la incorporación de personal de nacionalidad boliviana no se hace espontáneamente, sino mediante reclutadores o bien con conocidos directos”.

Por otra parte, también sostuvo que “varias fuentes informativas ya habían denunciado la existencia de abuso sexual y maltrato en los terrenos de la Compañía Frutihortícola S.A.” y manifestó que “los vecinos denuncian la utilización del bromuro de metilo, agroquímico prohibido en la mayor parte del mundo”,

“A los docentes de la escuela Nº 46, donde van los niños de El Frutillar a jornada simple, les resulta imposible entrar a las fincas cuando la institución necesita hacerlo para recabar alguna información de los alumnos. Lo mismo le ocurre al personal de la Salita de Primeros Auxilios de La Peregrina”, añadió.

También denunció “la protección policial con que cuentan estas empresas, ya que ante la menor sospecha de personas ajenas al lugar merodeando, arriba la policía bonaerense para pedir documentos y tratar de averiguar las razones de la visita”.

Si bien anoche no había terminado el operativo, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se indicó que “como resultado del megaoperativo fueron rescatados 205 ciudadanos de nacionalidad boliviana”.

La intervención fue ordenada por el Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré y participaron 200 gendarmes del Operativo Centinela junto a personal de la seccional Balcarce de la Gendarmería e integrantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), de la Dirección Nacional de Migraciones y del Cuerpo Médico Forense de la policía provincial.

Asimismo, personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a la Víctima de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación también se presentó en los establecimientos para ofrecer asistencia a los trabajadores que se encontraban en condiciones laborales irregulares. Anoche seguían los operativos en la zona en búsqueda de más familias afectadas.

En Mendoza

Varias familias de trabajadores rurales vivían en condiciones deplorables y ejerciendo trabajo esclavo en establecimientos agrícolas de la localidad mendocina de Tunuyán. En una inspección en propiedades de Antonio Domingo Fazzio, dedicada a frutas secas, alimentos y bebidas, se constató que 15 trabajadores vivían en siete carpas junto a niños.