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Investigan en Italia si el Estado negoció un armisticio con la mafia

El gobierno de la época había endurecido su política antimafia y Totó Riina y otros capos reaccionaron con cinco terribles ataques. El acuerdo ilícito se habría hecho en 1992 para frenar una ola de atentados explosivos que mató entre otros al juez Falcone.  

Martes 28 de Mayo de 2013

Comenzó en la ciudad siciliana de Palermo un juicio sobre un presunto "pacto de no agresión" entre el Estado italiano y los jefes de la mafia en los años 90 para frenar una ola de atentados explosivos. El proceso sienta en el banquillo a ex altos funcionarios, policías y mafiosos.

La acusación que se pretende aclarar es si las autoridades italianas aceptaron no perseguir a un líder mafioso prófugo y aliviaron las condiciones de prisión de más de 300 miembros de la mafia a cambio de detener una campaña de asesinatos y atentados explosivos que comenzó en 1992. Los atentados comenzaron en marzo de 1992, cuando la mafia mató al eurodiputado Salvo Lima, el jefe en Sicilia de la corriente democristiana que lideraba el ex primer ministro Giulio Andreotti. El gobierno endureció entonces las penas de cárcel a los mafiosos y la Cosa Nostra respondió con el asesinato de dos jueces emblemáticos de la lucha antimafia —Giovanni Falcone, el 23 de mayo, y Paolo Borsellino, el 19 de julio— y con atentados en Florencia, Roma y Milán. Los cinco atentados se hicieron mediante el uso masivo de dinamita u otros explosivos, lo que causó además de muchas muertes un enorme impacto en la opinión pública. En el caso de Falcone, eliminado junto a toda su escolta mientras se desplazaba por Sicilia a bordo de autos blindados, se utilizó una tonelada de explosivos. El estallido dejó un cráter enorme y destruyó la autopista por la que se desplazaba el grupo de Falcone. Menos de dos meses después, era asesinado el juez Borsellino en un barrio de Roma, también con explosivos, que devastaron la cuadra donde se perpetró el atentado. Las bombas en Florencia, Roma y Milán simplemente apuntaron a dañar el patrimonio histórico de esas ciudades y afectar el turismo, recurso clave de la economía italiana.

Los jueces escucharon a varios grupos que quieren ser admitidos como demandantes en el juicio, entre ellos organizaciones antimafia y las autoridades provinciales de Florencia, la histórica ciudad renacenstista, donde la bomba colocada por la mafia mató a cinco personas y dañó parte del patrimono artístico, ya que estalló en cercanías del museo de los Uffizzi. Bombas similares estallaron en la misma época en Milán y Roma.

Napolitano, testigo. De probarse los cargos de la fiscalía, sería un escándalo que pondría en tela de juicio todo el sistema político. Han sido llamados como testigos el actual presidente del país, Giorgio Napolitano, quien era en la época titular de la Cámara de Diputados, y el presidente del Senado, Pietro Grasso, ex fiscal general italiano antimafia.

El ex ministro del Interior Nicola Mancino es uno de los diez acusados. Enfrenta cargos por falso testimonio por haber negado estar al tanto de las negociaciones, cuando el ex ministro de Justicia Claudio Martelli, a cargo en la época de los hechos, relató lo contrario a los investigadores. "Siempre he combatido a la mafia, no puedo estar en el mismo juicio que la mafia", protestó Mancino a su llegada al tribunal, dentro de la prisión de máxima seguridad de Palermo. Mancino añadió que pedirá ser juzgado por separado. Los tribunales ya aprobaron pedidos similares en otros procesos de Calogero Mannino, otro ex ministro sospechoso, y el antiguo "padrino" de la Cosa Nostra Bernardo Provenzano, quien está enfermo. Los otros acusados son cuatro jefes de la mafia ya encarcelados, incluyendo al predecesor de Provenzano, Totó Riina, arrestado en 1993; tres ex jefes de la policía; Marcello Dell'Utri, ex mano derecha de Silvio Berlusconi, supuestamente corrompido por la mafia; y el empresario Massimo Ciancimino. Todos enfrentan cargos de conspiración contra el Estado.

Un ex presidente. En otro juicio relacionado, la fiscalía pidió el viernes 9 años de prisión para uno de los jefes de policía acusados, Mario Mori, por evitar la detención de Provenzano, capturado finalmente en 2006 tras estar prófugo durante 43 años. El ex presidente Oscar Luigi Scalfaro y el ex jefe de la policía Vincenzo Parisi, ambos ya fallecidos, seguramente habrían sido juzgados en este caso.

El proceso tendrá que demostrar si el pacto con la mafia efectivamente se cerró, y, de ser así, con el visto bueno de quiénes: de los democristianos de izquierda, como Mancino y Scalfaro, o del conservador Berlusconi, quien sin embargo fue nombrado primer ministro por primera vez más tarde, en 1994.El caso se basa parcialmente en evidencias aportadas por el último de los diez acusados, el empresario Ciancimino, cuyo padre fue un alcalde de Palermo apoyado por la mafia y que al parecer actuó como intermediario en las negociaciones.Los críticos cuestionan sin embargo la imparcialidad de las investigaciones, porque uno de los fiscales participantes, Antonio Ingroia, compitió en las elecciones generales de febrero al frente de una alianza de izquierda radical.

“Dolce vita” con fondos del partido

El jefe en la región de Lazio del Pueblo de la Libertad (PdL), el partido de Silvio Berlusconi, fue condenado a tres años y cuatro meses por malversación de fondos de la agrupación. Franco Fiorito fue condenado por desviar más de un millón de euros de las arcas del partido para comprarse casas, coches y costearse lujosas vacaciones. Además se alcanzaron acuerdos con dos de los asesores de Fiori, que fueron condenados a 17 y 14 meses de prisión, respectivamente.

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