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Intensa búsqueda de los represores que se fugaron del Hospital Militar

El escape de Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi reveló una cadena de complicidades y apoyos económicos. Sergio Berni supervisa los operativos para hallar a los dos ex militares prófugos. Se cree que estarían en el norte del país.

Lunes 05 de Agosto de 2013

Bajo la supervisión del viceministro de seguridad Sergio Berni continuaba ayer la búsqueda de los militares condenados por juicios de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi. Ambos se fugaron el pasado 25 de julio del hospital militar de Buenos Aires. De esa fuga, facilitada por una cadena de complicidades de actores de fuerzas de seguridad, judiciales y del Servicio Penitenciario Federal, surgió una impactante revelación: habría una millonaria trama económica ilegal que sostiene a éstos y otros prófugos de la justicia procesados y/o condenados por su participación durante la última dictadura cívico militar.

La búsqueda se desplegaba en las provincias del noreste argentino y en las áreas de frontera con el Paraguay. Una zona clásica donde, históricamente, han encontrado cobijo muchos represores buscados por las fuerzas de seguridad (ver aparte).

Apoyos. El punto de apoyo de los militares, que tanto en los años de plomo como ahora niegan el imperio de la ley, se apoya en un fideicomiso donde los abogados militares Olivera y Jorge Humberto Appiani —también detenido por delitos de lesa humanidad— acumulaban fondos obtenidos por honorarios profesionales y cuota litis, y que a 2010 sumaba 9,5 millones de pesos. También las empresas Pemesa SA y Fiduciaria DPA SRL, entre otras, estarían siendo utilizadas de pantalla para financiar una vida más confortable de los represores. Lejos de la cárcel que la Justicia les adjudicó como lugar de vivienda.

Montos. El inicio de la investigación se concretó en el equipo jurídico del Ministerio de Defensa. Por el monto significativo detectado, en el gobierno interpretan que se trataría de la base de sustentación de la vida clandestina de buena parte de los casi 60 represores que hoy se encuentran buscados por la Justicia. Pero que subsisten en la clandestinidad.

El último jueves se constituyó un convenio interministerial, Justicia, Defensa y la UIF ( Unidad de Información Financiera) con el fin de bloquear toda la operatoria ilegal de los represores en fuga, y con dinero negro para sostener la clandestinidad.

"Se inmovilizaron los fondos y se comienza a investigar si además de estos delitos que derivan del terrorismo de estado; y si esos fondos también provienen de situaciones generadas durante el proceso; como sucedió con los represores que operaron en la ex Esma, que están procesados por lavado de activos, por haberse apropiado de fondos de las personas detenido-desaparecidas", abundó José Sbattella, presidente de la UIF, en las últimas horas.

Impunidad. A partir de 1986 se sucedió la saga de leyes de punto final, obediencia debida y luego los decretos de indulto, dictados el 30 de diciembre de 1990, en este caso por el ex presidente y aún hoy senador nacional, Carlos Menem. Pero unos 15 años después, al promediar la década del 2000, por la persistencia de los organismos de derechos humanos y la decisión política de un gobierno disruptivo como el kirchnerista, ocurrió el milagro y cayeron las leyes y decretos que habían protegido a los represores.

Retomados los juicios, 427 represores al día de hoy permanecen detenidos y más de mil, enjuiciados. El tiempo pasó, los represores envejecieron, otros han muerto. Pero un número importante permanece lo suficientemente "joven" aún para urdir tramas de financiamiento negro. Proteger negocios y financiar el bien más preciado, su propia libertad clandestina.

A veces de manera elíptica, otras explícita, sectores de la sociedad argentina —y sus representaciones políticas— persisten en un discurso orientado a "terminar de perseguir viejitos indefensos", porque los problemas del país "son otros".

Pero hay "viejitos" que no lucen indefensos, y siguen siendo parte central del "problema".

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