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Insólito: el 40 por ciento de los legisladores brasileños enfrenta causas penales

La cantidad creció 17 por ciento en menos de un año. Los cargos varían desde homicidio y narcotráfico a irregularidades electorales. Sobre un total de 594 diputados y senadores, 224 están imputados ante el Tribunal Supremo. Sólo uno fue preso hasta ahora.

Lunes 30 de Septiembre de 2013

El Congreso brasileño ostenta un récord increíble: el 40 por ciento de sus legisladores, 224 entre senadores y diputados, tiene pendientes procesos penales, sobre un total de 594 congresistas (513 diputados y 81 senadores). Los cargos van desde homicidio y narcotráfico a diversas formas de corrupción. El dato lo provee la revista y portal "Congresso em foco" (congressoemfoco.uol.com.br). La publicación señala que el número de procesados crece en forma constante. La corrupción política fue una de las razones de la ola de protestas populares del pasado junio, y que tuvo al Congreso de Brasilia como uno de sus blancos favoritos.

Los 224 congresistas responden a diversos cargos ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es el encargado de llevar adelante las denuncias contra integrantes del Poder Legislativo. Se trata de un nuevo récord histórico según Congresso em foco. Los 224 legisladores responden por 542 cargos penales. Estos números, de por sí impresionantes, suponen un aumento del 17 por ciento desde el anterior estudio, de junio de 2012. En ese momento los parlamentarios investigados por el Supremo eran 191.

Los congresistas con mayor número de procesos son el senador Lindbergh Farias, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y los diputados Paulo César Quartiero y Lira Maia, del derechista Demócratas (DEM). Cada uno de los tres responde por 13 cargos. El centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, lidera el ranking de partido con más representantes procesados, al tener 54 en esa situación. Entre los delitos que se les imputan a los congresistas aparecen cargos graves, como homicidio culposo y nexos con el narcotráfico, y otros más "esperables", como corrupción e irregularidades en campañas electorales.

Analistas políticos y juristas atribuyen la gran cantidad de legisladores procesados a las fallas del sistema jurídico brasileño y al llamado "fuero privilegiado", que establece que la Corte Suprema sea el único tribunal que puede juzgar delitos de parlamentarios y otras autoridades.

El 28 de junio pasado fue un día histórico en Brasil, cuando fue preso el primer legislador desde el retorno de la democracia en 1988. Ese día se entregó luego de estar prófugo el diputado del PMDB Natan Donadon. El Tribunal Supremo había ordenado el 26 de junio el arresto del diputado, condenado por desvío de fondos. El arresto ocurrió durante el auge de las grandes manifestaciones en todo Brasil contra la corrupción política. Pero otros trece diputados condenados a prisión recibieron penas en forma de multas o cumplimiento de servicios sociales.

Un instrumento anterior a la protestas callejeras, la "ley de transparencia" de 2010, permitió a los ciudadanos conocer los prontuarios de sus representantes. Por la ley, llamada "de ficha limpia", y aprobada luego de que se presentara una petición con más de un millón de firmas, no se podrán presentar a la relección los legisladores con sentencias judiciales hasta segundo grado. Además, los brasileños ya tienen en sus manos el "mapa" del actual Congreso donde aparecen, gracias a la ley de transparencia, la lista de diputados y senadores con alguna sentencia.

Los asesores, también. Asimismo, entre los numerosos casos de corrupción sobresalen también asesores de los legisladores. El conocido diputado Francisco Escorcio (PMDB) acaba de contratar como asesor a Aldenir Santana Neves, un ex intendente condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver 11millones de reales al erario público. Estuvo preso dos veces, además de estar sospechado de integrar una asociación ilícita acusada de desviar fondos por mil millones (sic) de reales. Fue dos veces intendente de la ciudad de Urbano Santos, donde destacó por comprar con dinero público un collar de oro de 18 kilates, además de acumular denuncias por apropiarse de 2,1 millones de reales de los programas sociales y "retener" 8 millones de contribuciones a la previsión social, así como por desviar recursos enviados por los ministerios de Ciudades y Salud. Al diputado Escorcio nada de todo esto le pareció motivo para desechar su contratación.

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