El traspaso del sistema escrito al oral en el régimen de juzgamiento de delitos de la provincia levanta oleadas de inquietud en los tribunales rosarinos. Ayer hubo una asamblea de 150 empleados judiciales del fuero penal en donde se manifestó el temor a que la transición implique una modificación desventajosa de las condiciones laborales. La inquietud, y hasta el enojo, cala hondo también en buena parte de los magistrados. Jueces de instrucción, sentencia, correccionales y fiscales están enfrascados en deliberaciones debido a que con el juicio oral sus funciones actuales dejarán de existir. La estructura orgánica del Poder Judicial los absorberá, pero la dinámica de la tarea futura será totalmente distinta y campea la sensación de que el gobierno provincial no deja claro cuál será esa función.

Hoy es la fecha de largada del nuevo Código Procesal Penal. Las personas acusadas de cometer cuatro tipos de delitos considerados de gran impacto público a partir del primer minuto de hoy serán juzgadas en audiencias orales y públicas.

Cabildo abierto. El jueves hubo una reunión de jueces penales y funcionarios de Rosario convocada por el Colegio de Magistrados. Ayer se celebró una idéntica en el mismo ámbito que congregó a los fiscales y defensores públicos. El lunes, a las 8.30, está prevista una asamblea extraordinaria de empleados de todos los fueros en el hall central de los tribunales de Balcarce 1651.

Entre algunos magistrados predomina un ánimo de incertidumbre respecto de su inserción en el sistema naciente. Las objeciones escuchadas en torno a la transición pasan por el hecho de que el Poder Ejecutivo no convocó a integrantes del Poder Judicial para debatir los mecanismos que regularán el sistema oral y público, lo que se considera una desdeñosa prescindencia de los aportes eventuales que podrían dar desde su experiencia funcional.

"Los cambios que se avecinan pueden generar muestras de ansiedad y lo entendemos. Pero la transformación no va a afectar en lo más mínimo las condiciones de trabajo. Lo que queremos es cambiar un sistema que merece ser cambiado para la mejor calidad de vida de los santafesinos. No lo haremos a costa de los derechos de ningún trabajador", dijo el ministro de Justicia de Santa Fe, Héctor Superti.

Funcionarios y magistrados serán convocados a consultas por el Poder Ejecutivo para revisar los distintos aspectos que conciernen al funcionamiento del nuevo régimen de juzgamiento de delitos. "Se abre un espacio de discusión donde vamos a estar abiertos a las críticas. Es algo que expresé al Colegio de Magistrados. El momento de debatir es este", agregó Superti.

Hace diez días la Legislatura provincial recibió un paquete de cinco leyes enviadas por Hermes Binner para la implementación del juicio oral.

Duelo de visiones. Bajo las alternativas del debate de los actores del Poder Judicial y del Ejecutivo palpita una palpable discusión de poder. Durante muchos años el Poder Judicial de Santa Fe ha sido, admitido por muchos de sus integrantes, un estamento más oscuro a la ciudadanía y cerrado sobre sí mismo que los otros dos poderes del Estado. Las dinámicas de funcionamiento y las designaciones solían ser resorte de la influencia de los propios integrantes de los Tribunales.

Aunque desde el gobierno provincial intentan bajarle el volumen de la tensión, en la Casa Gris no resignan un postulado que el propio Superti defendió antes de asumir: que la política judicial de la provincia la define el Poder Ejecutivo, a partir de la legitimidad emanada de la voluntad popular que eligió un programa de cambio judicial votado en las últimas elecciones.

"Esto será un reacomodamiento de formas de trabajar, para una nueva y mejor respuesta del Estado frente al delito. Es lógico que un cambio así provoque estas expresiones de inquietud", remarcó Superti.

Desde el Ministerio de Justicia invitarán a los colegios de abogados, las universidades y el colegio de magistrados a analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

La convocatoria se produce a un año de la reglamentación del decreto que estableció el nuevo órgano de selección de jueces a través de un modelo que —según sus auspiciantes— hace hincapié en la capacidad técnica de los aspirantes para lograr un sistema más transparente, y con amplia participación de la ciudadanía, que garantice el derecho a la Justicia.

El nuevo régimen procesal implica que los actuales jueces dejarán de estar a cargo de la administración de bienes y personal de un tribunal a su cargo y centrarán su labor exclusivamente a intervenir en los juicios y dictar sentencia.