Inquietud de entidades humanitarias por tormentos en la alcaidía
Quince entidades defensoras de los derechos humanos de todo el país manifestaron su inquietud por una denuncia que dio cuenta de una fuerte represión, hace dos semanas, hacia detenidos de la alcaidía de la Unidad Regional II. La presentación revela tormentos a reclusos registrados el 16 de octubre que se consignaron con fotografías tomadas a los internos que aparecen con marcas de golpes.  

Martes 27 de Octubre de 2009

Quince entidades defensoras de los derechos humanos de todo el país manifestaron su inquietud por una denuncia que dio cuenta de una fuerte represión, hace dos semanas, hacia detenidos de la alcaidía de la Unidad Regional II. La presentación revela tormentos a reclusos registrados el 16 de octubre que se consignaron con fotografías tomadas a los internos que aparecen con marcas de golpes.
  La denuncia judicial fue presentada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). La entidad reportó que presos del pabellón B de la alcaidía indicaban haber sido obligados a colocarse desnudos frente a la pared para posteriormente sufrir golpes. Las esposas de varios detenidos se habían negado a abandonar el pabellón tras la visita requiriendo el urgente traslado de sus maridos por estar golpeados. Así fue como el hecho se dio a conocer.
  Dirigentes de la CTC dijeron haber constatado un desolador panorama en el lugar: consignaron entonces que muchos presos tenían marcas que, según ellos, resultaron de haber sido golpeados. “La tortura tiene como parámetros generales el maltrato permanente, el encierro, la falta de agua, luz, la comida de pésima calidad, muchas veces en mal estado; el maltrato a la visita, la incitación a las peleas por parte del personal policial y la deficiente atención médica”, planteó la CTC.
  La entidad denunciaba que los organismos oficiales concebidos para ejercer control ante tales atropellos “brillan por su ausencia”: aludían a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo y cuestionaban al Poder Judicial. El caso motivó la intervención de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, a cargo de Gonzalo Armas.
  Entre las entidades que suscriben su inquietud por lo ocurrido, se cuentan el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), el el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, el Centro de Estudio por los Derechos Humanos de Neuquén y las delegaciones en La Plata y Azul de la APDH.