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Inédito: la Justicia provincial tendrá competencia en un caso de lavado

El dinero se habría obtenido de actividades ilícitas vinculadas al facilitamiento de la prostitución y explotación sexual que ocurría en una wiskería de Melincué y que fue allanada dos veces.

Miércoles 24 de Diciembre de 2014

En un hecho inédito, la provincia obtuvo la competencia, el entendimiento y la intervención en un presunto caso de lavado de dinero. La subsecretaria de Delitos Económicos, Margarita Zabalza, indicó que "este es el primer antecedente que se da en Santa Fe en el marco de la ley Nº 25.246 de lavado de dinero" y dijo que "el delito precedente —del que se obtendría el dinero de manera ilícita— es una causa de facilitamiento, promoción y explotación económica de la prostitución que ocurría en una wiskería de Melincué y que fue allanada dos veces por la Dirección de Trata", en un sonado hecho.

Si bien hay quienes consideran que el lavado de dinero es un delito federal, Zabalza recalcó los argumentos esgrimidos por el fiscal regional de Melincué, Matías Merlo, para que la intervención se dé en el marco de la Justicia provincial: "El fiscal destacó que nuestra área de delitos económicos articula constantemente con los fiscales provinciales y federales; también recordó que la causa que se investiga no afecta estrictamente el interés nacional, sino el provincial, y mencionó que es jurisprudencia repetida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la competencia provincial es la regla, y la competencia federal la excepción para casos específicamente puntualizados en el Código Penal argentino, no estando el lavado de dinero contenido allí".

Al ser consultada sobre el fallo de la jueza penal que entiende en la causa, Andrea Fernández, quien dio la competencia provincial en el presunto caso de lavado de dinero, la titular de Delitos Económicos dijo que "es una satisfacción para nosotros ya que desde el inicio estuvimos participando activamente de la investigación en su aspecto económico, como también en la fase previa junto con la Dirección de Trata de Personas, que fue la encargada de allanar la wiskería por facilitamiento, promoción y explotación de la prostitución".

Zabalza también destacó que "desde la Secretaría de Delitos Complejos tenemos una visión estratégica de colaboración y coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para tomar las investigaciones desde su fase inicial, abordándolo tanto desde la perspectiva del delito principal como desde la faz económica del producido del delito".

Allanamiento. El 25 de mayo pasado, la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad realizó seis allanamientos en la ciudad de Melincué, en el marco de una investigación por facilitamiento y explotación económica de la prostitución.

La causa fue instruida íntegramente en el marco del nuevo sistema de procesamiento penal, e incluyó allanamientos en un prostíbulo encubierto llamado La Rueda (el cual ya había sido allanado y clausurado en 2012 por la Dirección de Trata de Personas), en departamentos privados y en el domicilio del principal investigado.

Como resultado fueron asistidas 15 mujeres, entre ellas una menor de edad. También fueron detenidas tres personas, dos hombres (uno el encargado del local nocturno y otro el dueño del mismo) y una mujer.

Además fueron secuestrados 140 mil pesos en efectivo, más de 700 dólares, dos armas de fuego y cartuchos, unos 30 celulares, un auto de alta gama, una camioneta, equipos de computación, elementos de interés y documentación.

En julio de 2012, La Rueda había sido allanado por la Dirección de Trata de Personas, ocasión en la que asistió a siete mujeres y se clausuró el local.El dueño y dos familiares fueron imputados en la causa de lavado de activos. Entre otros bienes se les secuestraron dos camiones, dos acoplados, una moto y un automóvil.

La resolución de competencia de la Justicia provincial en el presunto lavado de dinero se dio en el marco de un pedido efectuado por el fiscal Matías Merlo para trabar medidas precautorias sobre los bienes de dos personas vinculadas a uno de los imputados en el caso de origen.

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