Indonesia ejecutó a seis condenados por narcotráfico, uno de ellos brasileño, quien fusilado junto a otros cuatro extranjeros procedentes de Holanda, Vietnam, Malaui y Nigeria informó ayer un portavoz de la fiscalía general.

El brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años, acusado de introducir cocaína en el país, fue fusilado en la isla de Nusa Kambangan, en la costa sur de la isla de Java, donde se encuentra una prisión de alta seguridad.

Junto a él fueron ejecutados un holandés, un nigeriano, un malauí y un indonesio. En tanto, una vietnamita fue fusilada en el distrito de Boyolali, en el centro de Java.

Los fusilamientos fueron las primeras penas capitales aplicadas bajo la presidencia de Joko Widodo, quien asumió el cargo en octubre.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo sentirse "consternada e indignada" por el fusilamiento, que tendría consecuencias en las relaciones bilaterales, según había indicado previamente. La mandataria había apelado a la intercesión del Papa Francisco en su visita por la región en un intento por evitar el ajusticiamiento del reo brasileño.

Indonesia condena muy duramente el narcotráfico, con cadena perpetua como mínimo. El nuevo presidente confirmó antes de llegar al poder que aplicaría las penas sin dudar, como sucede en el país desde 2013, a pesar de su fama de reformista.

El mandatario dijo que los condenados no recibirían el perdón presidencial, ya que su país enfrenta una "emergencia" en el tema de drogas.

Rousseff había pedido telefónicamente clemencia "como jefe de Estado y como madre" a su par indonesio, a lo que Widodo replicó que todos los recursos jurídicos previstos ya habían sido agotados.

"El recurso a la pena de muerte, que la sociedad mundial crecientemente condena, afecta gravemente a las relaciones entre nuestros países", afirmó el gobierno brasileño.

Moreira, un ex instructor de vuelo de 53 años, fue condenado en 2004 por ingresar más de 13 kilos de cocaína en los tubos de un ala delta.

Hay otro brasileño en la lista de espera. Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 42 años, también preso desde hace diez años por ingresar cocaína al país, quien sería ejecutado en febrero.