Por primera vez en Rosario, cinco mujeres víctimas del delito de explotación y facilitamiento de la prostitución cobraron una indemnización en el marco de un juicio abreviado que quedará firme en las próximas semanas. Se trata de una investigación que llevó adelante la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra la Integridad Sexual y que, según anticipó su responsable, Matías Ocariz, “logra uno de los objetivos centrales, que es no sólo que las víctimas perciban una reparación económica, sino ante todo darles una ayuda que evite que días más tarde estén ejerciendo la prostitución en peores condiciones o en la calle, lo que representa un riesgo aún mayor”.
Si bien existe un antecedente similar en Rafaela, el fiscal que estuvo al frente de la investigación afirmó que “es inédito” en los Tribunales rosarinos, porque se establece el pago de una multa a los condenados y marca “un cambio en el paradigma y estándares de trabajo donde hay que darle respuestas a las víctimas”.
La investigación se llevó adelante en Rosario junto a la Dirección de Trata de Personas del Ministerio de Seguridad santafesino y comprobó que había explotación y facilitamiento de la prostitución de cinco mujeres, todas mayores de edad.
“Si bien no se registraba violencia física, abusos o maltratos, como se da en algunos casos, sí existía explotación económica de estas mujeres”, detalló Ocariz. Los condenados en la causa son un hombre y una mujer, también mayores de edad, que ya habían quedado detenidos con prisión preventiva.
Compensación. La Fiscalía y la defensa de los imputados acordaron en un juicio abreviado una condena de cuatro años —la mínima prevista para el delito de explotación y facilitamiento de la prostitución—, ya que según explicó Ocariz, “los condenados no registraban antecedentes”. Pero además se estableció, a partir del decomiso de bienes que eran usados para la comisión del delito, entre ellos un auto, y el abono de una multa, el pago de indemnizaciones de 20 mil pesos a cada una de las víctimas.
“El pago ya se hizo efectivo en cuatro de los casos y sólo resta cobrar una de las mujeres, que aún no lo hizo porque no se logró dar con ella”, detalló el fiscal y explicó que “la suma quedará a resguardo para que ella la cobre y, en el caso de no encontrarla, se destinará a una organización civil”.
Para Ocariz, el cobro de compensaciones económicas “es uno de los objetivos planteados desde el inicio del nuevo sistema procesal penal y así debería ser en todos los casos”.
Con el eje puesto en las mujeres víctimas de estos delitos, consideró que “requieren asistencia de todo tipo, por eso hay que evitar que dejen de ser explotadas a partir de una investigación para estar en peores condiciones días más tarde”. El fiscal agregó que “la meta es que puedan tener una ayuda económica en un primer momento para después insertarse en los mecanismos municipales, provinciales o nacionales de contención y de reinserción”.
El fallo quedará firme una vez que se conozcan los fundamentos de la jueza Roxana Bernardelli.
El fallo es inédito en Rosario y el único antecedente es uno registrado a fines de 2015 en Rafaela, donde una mujer fue condenada en un juicio abreviado a cinco años y seis meses de prisión y el dinero en efectivo secuestrado se repartió en parte iguales entre las víctimas.
