Un financista y su esposa fueron imputados como coautores de estafa, administración fraudulenta y otros delitos vinculados con maniobras realizadas cuando sus empresas entraron en cesación de pagos, a fines de 2019. Se trata de Daniel Casanovas y Samanta Bravo, ambos de 45 años y directivos de firmas como la acopiadora Cereales del Sur y la financiera Rosario E. Trade, entre otras, denunciados por más de veinte personas que les habían confiado bienes para inversiones que no recuperaron. La investigación del fiscal Miguel Moreno determinó hasta ahora un perjuicio global por cuatro millones de dólares, pero no se descarta que aparezcan más denuncias. En ese marco se prevén futuras imputaciones a otros tres miembros de esas sociedades.

Si bien los acusados no quedaron en prisión preventiva —el fiscal no la pidió bajo la premisa de que el acusado tiene la intención de saldar sus deudas— en una audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Penal el juez Gustavo Pérez de Urrechu les dictó una inhibición general de sus bienes, una medida sobre sus inmuebles, el congelamiento de sus cuentas bancarias y la prohibición de desprenderse de activos. Además les impide que salgan del país al punto que ordenó que entreguen sus pasaportes en fiscalía.

Problemas

Los problemas de Casanovas comenzaron en 2019 con la convocatoria de acreedores de Cereales del Sur a la que siguieron otras de sus firmas mediante las que hacía negocios agropecuarios y financieros. Según el portal Puntobiz, la empresa exhibió un default por 450 millones de pesos y presentó un plan de pagos para devolver a los acreedores, con una importante quita, a través de una comercializadora de ganado.

Sin embargo, los problemas para cumplir con esos y otros ahorristas no terminaron. Los plazos de pago convenidos fueron expirando y muchos acreedores lo denunciaron penalmente ante la presunción de que los argumentos del financista, que atribuía sus problemas a la crisis económica, no eran suficientes para explicar los incumplimientos. Así, de la audiencia imputativa participaron como querellantes los abogados de cuatro de los 21 acreedores que denunciaron, en algunos casos haber sido engañados y en otros el vaciamiento de 17 cuentas-comitentes.

Engaños

En ese marco Moreno le imputó a la pareja dos casos de estafa. En uno por “engañar a dos personas” que les aportaron 100 mil dólares para entrar en un fideicomiso ganadero. El acuerdo estipulaba que cien días más tarde recuperarían la inversión con una utilidad del 6% en dólares. Las víctimas recibieron como garantía cheques de pago diferido por 2.464.500 pesos.

Expirado el plazo los inversores no recuperaron ni el capital aportado ni la ganancia convenida. Y los cheques que habían recibido carecían de fondos suficientes para ser cobrados. Más allá de ese incumplimiento, el fiscal les achacó a los imputados que el dinero entregado por las víctimas tampoco había sido aplicado al engorde de ganado sino que dispusieron de esos fondos para “un lucro indebido”.

Otro incumplimiento de Casanovas fue denunciado por un banco que le había otorgado un crédito por cerca de 120 mil dólares. Según la acusación, el financista había puesto como garantía la ejecución de warrants, una suerte de pagaré que en vez de dinero está respaldado por granos. Pero cuando el banco quiso ejecutar esos documentos Casanovas se lo impidió.

Moreno también imputó a la pareja de haber “simulado un bienestar patrimonial” de Cereales del Sur y así lograr que una persona les diera unos 74 mil dólares como una “inversión segura”. Pero según la denuncia los acusados nada dijeron sobre la crítica situación financiera por la cual dos meses después la empresa entró en cesación de pagos.

“Sabían desde un principio que la devolución del dinero era imposible y así generaron un lucro indebido para sí y para terceros”, sostiene la acusación. En este caso Casanovas también fue acusado de haber “enajenado o retirado como propio” el cereal acopiado en respaldo de los warrants que le habían entregado a la víctima como garantía de la operación, con lo cual “consolidó de esa manera el provecho de la estafa”.

Vaciamientos

Además de las estafas, la imputación incluyó el delito de “maniobras fraudulentas” a partir de las denuncias de 17 clientes de cuentas comitentes que habían entregado a Casanovas bienes para que, en su carácter de agente de liquidación y compensación (Alyc), los operara en el mercado de valores. Según el fiscal los acusados, en vez de velar por esos bienes conforme a la ley, literalmente “vaciaron esas cuentas” mediante transferencias bancarias, compraventa de dólares y títulos que no se correspondían con las acciones de inversión ordenadas por los clientes ni cumplían con las disposiciones legales.

“Con esos fondos se hicieron operaciones a espalda de los clientes. Abusaron de las facultades que les habían conferido y sustrayeron todos los activos que había en las cuentas”, explicó el fiscal esas maniobras detectadas entre abril y agosto de 2019.