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Imputan asociación ilícita a seis policías que trabajaban en la comisaría 19ª

Les atribuyen varios delitos vinculados en su mayoría con pedidos de dinero a vecinos para no inventarles causas penales.  

Martes 26 de Agosto de 2014

El ex titular de la seccional 19ª quedó imputado ayer de ser el jefe de una asociación ilícita a la que se le atribuyen varios delitos y en la que además figuran como partícipes otros cinco funcionarios policiales de la misma comisaría. Encubrimiento, robo y secuestro extorsivo agravados por la condición de funcionarios públicos son algunas de las acusaciones que se desprenden de una investigación abierta hace varios meses a partir de la denuncia de vecinos de la zona sudoeste sobre pedidos de coima para que no les inventaran causas. "Esta gente se mueve en las falencias del sistema para lograr impunidad", argumentó la fiscalía sobre los imputados.

Según una extensa acusación con casos ocurridos entre el 12 de marzo y el 12 de agosto de este año, seis policías de la seccional 19ª fueron acusados ayer de ocho hechos graves con distinto grado de participación, en una audiencia imputativa presidida por el juez Carlos Leiva.

Casos. La primera situación que relató el fiscal de Delitos Complejos Adrián Mac Cormack refiere a un hecho del 16 de marzo, cuando vecinas de Deán Funes al 5500 denunciaron una balacera y apuntaron a un joven que se movía en moto. En esa circunstancia los suboficiales Sebastián F. y Eduardo Gastón C., de la comisaría de bulevar Seguí al 5900, habrían omitido cubrir el hecho y notificarlo a la fiscalía de turno. No obstante, y según testimonios que constan en el expediente, se presentaron en el Hospital Carrasco donde abordaron a un herido sospechado de participar del incidente.

Sin interrogarlo, y a través de sus familiares, le habrían pedido dinero para no armarle una causa penal. "Vayan juntando la guita", recordó Mac Cormack que se oyó decir a los policías, a quienes acusó de encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El fiscal narró otro episodio vinculado con el anterior que puso a los uniformados bajo la lupa de Asuntos Internos y de la Fiscalía. Ocurrió cuando los mismos policías, más el agente José Antonio G. y con el aval del comisario Guillermo R. D., allanaron una casa de Saavedra al 6000 donde detuvieron a Leandro Q. y secuestraron una moto Honda. Según la pesquisa, en la misma comisaría el padre del detenido dijo que le pidieron 30 mil pesos, que luego se redujeron a 28 mil, para favorecer la situación de su hijo.

A José Antonio G. también le achacan extorsionar a la madre de un hombre involucrado en un delito a quien le dejó un papel con su apodo ("Pepe") para que lo ubicara cuando juntara los 13 mil pesos que garantizarían la libertad de joven.

A Sebastián F. también se lo acusó de falsear un acta de procedimiento el 29 de marzo, cuando consultó a un fiscal por un detenido por portación de armas que ya había sido acusado por otro delito y estaba a punto de ir a audiencia imputativa. Esa persona fue obligada a entregar unos 2.000 pesos con la promesa de "no quedar pegado" en una causa.

Otro caso fue el 31 de marzo, cuando los efectivos fueron en un móvil oficial a hacer un allanamiento sin orden en un supermercado de Campbell y Maradona. El dueño del comercio dijo que los policías ingresaron a un área privada del inmueble, usado como vivienda, donde hallaron una caja con medicamentos.

Con el argumento de que vendía fármacos sin autorización, amenazaron al comerciante con iniciarle una causa si no pagaba 25 mil pesos, cifra que se duplicó cuando el damnificado fue a la comisaría a pedir explicaciones. Como no accedió, se ordenó trasladar bebidas alcohólicas, comestibles y artículos de limpieza hasta la seccional, lo que se hizo en el mismo patrullero. Entonces intervino el hijo del comerciante, a quien luego de aportar 12 mil pesos le reintegraron parte de la mercadería.

El juez de Faltas Adrián Pafundi estaba al tanto del procedimiento, pero no de sus derivaciones. Según aportó a la investigación, el control tenía un fin meramente administrativo y sólo habilitaba a los agentes a secuestrar cortes de carne por una cuestión sanitaria.

Negación. La mayoría de los acusados rechazó los cargos y se abstuvo de declarar. José G. aclaró que vive "a metros" del comercio allanado y que por cuestiones de vecindad no participó de la medida para "evitar problemas", pero que agresiones verbales contra su mujer lo obligaron a mudarse días atrás. "Soy el chofer del comisario, no hago esos procedimientos", se defendió.

Por su parte, la sumariante Lucrecia B., embarazada de 7 meses, aclaró que el procedimiento en cuestión fue "consultado telefónicamente" con el juez. "Se hizo lo que dijo Pafundi", dijo en una sala repleta de familiares de los imputados.

El subinspector Víctor Luis D. empleó su derecho a declarar. El juez desalojó la sala para que su testimonio quedara aislado de los coimputados. "Soy el jefe del destacamento del barrio Toba y ese día fuimos con personal de la comisaría con un acta de inspección. Pedimos la habilitación, nos dijo que no la tenía. Por eso la sumariante consultó con el juez, que ordenó la clausura y el decomiso. Después se le devolvió la mercadería", señaló. Tras explicar que el destacamento es autónomo pero dependiente de la seccional, dijo al fiscal que "de ninguna manera" le constaba que hubieran pedido dinero al comerciante.

Débil. La decisión sobre el pedido fiscal de prisión preventiva a cinco de los seis imputados quedó en suspenso y se resolverá mañana en una nueva audiencia. "Los elementos que invoca el fiscal son creíbles y atendibles para tener el grado de sospecha en esta instancia de la investigación. Pero encuentro débil la imputación sobre la asociación ilícita", expresó el juez en el cierre de la audiencia.

En tanto, por su condición de gravidez y de riesgo para su salud (posibilidad de parto prematuro), el juez Leiva hizo lugar al pedido de la defensa de la morigeración de la prisión preventiva respecto de la sumariante Lucrecia Malvina B, y le concedió la atenuación la prisión domiciliaria por un plazo de 60 días.

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