Impulsan una ley que expropie bienes a los narcos

Con el objetivo de unir esfuerzos frente a los desafíos que impone el narcotráfico, el diputado provincial Maximiliano Pullaro y su par nacional Pablo Javkin se reunieron para impulsar el proyecto de ley que avanza sobre los bienes y recursos a los narcos para luego destinarlos a campañas de prevención y programas de recuperación de adictos.

La iniciativa denominada ley de extinción de dominio a narcotraficantes", cuyo autor es Pullaro, propone un cambio de paradigma. El mismo consiste en "desarticular económicamente a las bandas criminales a través de la expropiación de los bienes de aquellas personas condenadas por narcotráfico".

A fin de dialogar sobre los alcances del proyecto y unir esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, Pullaro y Javkin se reunieron en Rosario y definieron una agenda de trabajo.

Tras el encuentro, Pullaro dijo: "Coincidimos en la importancia de unir esfuerzos y creemos que, desde la política, debemos dar un mensaje de compromiso que se traduzca en acciones concretas".

"Mas allá de las banderas partidarias, tenemos el desafío de defender el estado de derecho y crear la condiciones para que nuestros hijos puedan vivir en un país donde los valores no los impongan las mafias", agregó el legislador.

Asimismo, advirtió que "no puede ser que un condenado por narcotráfico tenga poder económico y cuente con recursos para corromper a quien se quiera vender, y así controlar el negocio, incluso cuando está en la cárcel".

"Eso tiene que cambiar y, desde la política, tenemos que dar una pelea concreta que no sólo apunte a los búnkers sino también a los eslabones superiores de un negocio millonario. La ley de Extinción de Dominio indica que quienes se hacen ricos enfermando a nuestros jóvenes tengan un juicio justo y los bienes que no puedan justificar tengan como destino exclusivo las campañas de prevención y los programas de recuperación de adictos", puntualizó.

El proyecto fue presentado a finales de 2013 por los diputados nacionales Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, a pedido de Pullaro.

Plantea un cambio inédito, "instando a que las personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico sean sometidas a un proceso judicial civil en el cual deberán justificar todos sus bienes".