La Justicia ratificó la prohibición de salida del país para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien quedó junto a otros ex funcionarios y empresarios camino al juicio oral y público por la tragedia de Once.
La Justicia ratificó la prohibición de salida del país para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien quedó junto a otros ex funcionarios y empresarios camino al juicio oral y público por la tragedia de Once.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal, la misma que confirmó el procesamiento de los ex funcionarios, entre ellos del también ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a quienes les endilgó las figuras de estrago culposo y administración fraudulenta, que en conjunto alcanzan una pena de hasta once años de cárcel.
En tanto, esta semana o la próxima, el fiscal federal Federico Delgado presentará el requerimiento de elevación a juicio oral y público luego que días atrás el juez federal Claudio Bonadío cerrara la instrucción y pidiera opinión a las partes respecto a remitir la causa a un Tribunal Oral.
Los camaristas Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun confirmaron lo que había resuelto Bonadío, al dictar la prohibición de salida del país no sólo de Jaime, sino también de Schiavi y los hermanos Sergio Claudio y Mario Cirigliano.
En otra resolución de principios de enero, que recién se difundió en las últimas horas, la misma Cámara ratificó la prohibición de salir del país al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa.
Jaime y Ochoa están obligados además a presentarse cada treinta días ante la Delegación Córdoba de la Policía Federal, y no ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas, como tampoco desplazarse a más 60 kilómetros sin previo aviso.
En su fallo, la Cámara explicó que “todo imputado se encuentra sometido a ciertas restricciones” y ello “por la propia existencia de un proceso penal en curso”.
“Independientemente de la mayor o menor responsabilidad que en el hecho se les atribuya, el cumplimiento de las pautas de conducta fijadas son ineludibles, pues su imposición obedece a la necesidad exclusiva de asegurar los fines de la investigación”, concluyó la Cámara.
En otra resolución, la Cámara desestimó un planteo formulado por el apoderado de TBA Carlos Lluch, un abogado que también está camino a juicio, quien pretendía revocar la resolución de Bonadío por la cual si bien le autorizaba la autorización de salida del país lo hizo bajo caución real de 100 mil pesos.
Mientras tanto, el fiscal Delgado ya comenzó a preparar el requerimiento por el cual pedirá la elevación de la causa a juicio oral contra Jaime, Schiavi, los Cirigliano y también el maquinista de la formación siniestrada, Marcos Antonio Córdoba.
De la causa que tiene a cargo Bonadío le fue quitada la parte que investigaba el manejo de los subsidios que recibía TBA y que se comprobó desviaban hacia otros fines que no eran el mejoramiento en el funcionamiento de los ramales Mitre y Sarmiento.
Este tramo quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, en función que él tenía desde antes una investigación por la entrega de subsidios al transporte ferroviario.
Luego del requerimiento fiscal y el que presenten las querellas en representación de las víctimas, el juez Bonadío correrá traslado a todas las defensas, y luego estará en condiciones de optar por si remite la causa a juicio o bien dispone alguna medida de prueba que no se haya realizado.
Por María Laura Favarel
Por Elbio Evangeliste