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"Hubo jueces que tardaron un año en habilitarnos a pedir información"

El fiscal Fernando Dalmau, que comandó entre 2006 y 2012 las investigaciones patrimoniales en Asuntos Internos, Afirma que los plazos de las pesquisas por evolución de bienes "bajarán a la mitad".

Lunes 23 de Junio de 2014

En Rosario hay 29 causas en las que se investiga a funcionarios policiales por presunto enriquecimiento ilícito. Antes de que los casos llegaran a su estado judicial hubo una larga pesquisa que implicó una engorrosa recolección de datos tanto de los investigados principales como de sus círculos de familiares y allegados. El encargado de comandar el trabajo en cada uno de esos 29 expedientes fue el abogado Fernando Dalmau, entonces al frente de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos y actual fiscal jefe de Investigación y Juicio. Dalmau, quien renunció a la policía para asumir su actual cargo, señala por qué le parecen injustas las objeciones a Asuntos Internos por las demoras en las investigaciones, explica cómo se generan esas moras y subraya que muchas veces los principales obstáculos para el avance de los casos fueron puestos por jueces.

—¿Por qué demoran las causas por enriquecimiento ilícito?

—Hay información protegida por secreto bancario y fiscal, lo que implica que se necesita el oficio de un juez para levantarlo. Es decir que cuando Asuntos Internos investigaba a un policía, antes de que hubiera denuncia judicial, debía requerir a un juez que pidiera los datos de esa persona y de sus parientes a entidades como el Banco Central, Afip, API o los organismos de bienes registrables. Estas investigaciones que salen a la luz ahora empezaron en su mayoría en 2008. Por entonces estos temas no tenían la trascendencia de hoy. Eso implicaba en muchos casos conflictos negativos de competencia de jueces que no querían librar los oficios. He tenido que ir a varios tribunales a plantarme para que me firmaran oficios en una condición muy desigual, porque yo era un oficial auxiliar de policía, y algunos jueces ni siquiera me querían firmar el recibo de que les pedía auxilio jurisdiccional. A veces me ha ayudado el presidente de Cámara, Otto Crippa García, cuando los jueces demoraban. Por eso molesta que se diga que cajoneábamos las causas. Ahora que todo esto salió a la luz estas trabas cedieron. Creo que con este tema en el tapete el tiempo de las investigaciones puede bajar a la mitad. Hubo causas en las que se tardó más de un año sólo para que un juez nos habilitara a pedir información.

—Una vez obtenida esa firma hay que esperar el tiempo que el organismo demora en contestar.

—Que son demoras pronunciadas. El BCRA por ejemplo no emite un solo informe con toda la información bancaria de una persona sino que emite una comunicación a cada banco que se va contestando una por una. Pensemos que hay un promedio de 300 entidades entre bancos y compañías financieras. Esto suponía que muchas veces no contestaban todas y había que reiterar los pedidos. Con la información bancaria se solía demorar a veces más de un año. La Afip también incurría en demoras importantes. Y, como se sabe, la ley exige examinar no sólo al investigado sino a sus parientes hasta cuarto grado de cosanguinidad y a sus allegados hasta segundo grado de afinidad. Entonces algunas veces investigábamos a 10 personas y otras a 80. No hay información centralizada por lo que se debe armar un árbol genealógico cruzando datos no sólo de los organismos informadores sino de redes sociales, necrológicas y expedientes sucesorios. A veces nos ha llevado sólo un año armar el grupo de parientes exigido por la ley.

—¿Con qué dotación contaban en Asuntos Internos para investigar estas 29 causas?

—En 2006, cuando empecé, me pusieron a cargo a mí y tenía sólo un empleado. En 2008 cuando surge la mayor cantidad de denuncias estaba yo solo. En 2011 llegamos a ser cuatro. No tuve falta de apoyo porque siempre me ofrecían personal. Pero para estas investigaciones, lo digo con modestia, hace falta gente que conozca de temas jurídicos y contables, gran disponibilidad horaria y sagacidad para detectar situaciones que por naturaleza son ocultas. Nosotros no teníamos ni despacho y estábamos investigando a un jefe de policía de provincia. Salvo excepciones como (el Juzgado de) Instrucción Nº 4 cuando estaba (el juez Jorge) Juárez o después ahí mismo con la secretaria (Mariana) Martínez, donde se firmaban los oficios sin demoras, en los otros juzgados hubo que explicar bastante que les pedíamos auxilio sin que se hicieran cargo de la causa.

—Estas demoras son previas a las denuncias judiciales. Pero hubo casos con demoras incomprensibles en casos ya judicializados.

—Cuando hacíamos la denuncia judicial perdíamos control de la causa. Considero que al elevar una causa a un juez era porque el investigado no había justificado su patrimonio y que los elementos aportados ya habilitaban un llamado a indagatoria. Y hubo demoras que no comprendo como el caso de Hugo Giuliano. En ese caso entiendo que el fiscal Esteban Franichevich tuvo un desempeño impecable y comprometido cuando la causa no tenía la publicidad actual. Dio una batalla sin ningún apoyo judicial hasta el momento en que el caso se hizo público y entonces sí todos se plegaron.

—¿Cuál fue el tiempo promedio para una investigación patrimonial en Asuntos Internos?

—Entre tres y cuatro años. Pero insisto que no es sólo el investigado principal. Cuando uno tiene la información relativa a todo el grupo de parientes también tiene que analizar si cada pariente tiene capacidad legal de tener el patrimonio que tiene. Y no es solamente la verificación de la documentación. También se hace trabajo de campo. En el caso puntual del comisario Néstor Arismendi, que ya fue llamado a indagatoria, pudimos relevar la compra de cuatro departamentos en la zona céntrica gracias a tareas investigativas de calle. A veces para hacer consultas a organismos o fotografiar lugares en Entre Ríos o Córdoba tenía que viajar dejando la oficina cerrada. Yo no tenía una brigada para poner en comisión a hacer esos trabajos. Tenía que ir yo.

—¿Han tenido casos en que el investigado pudo justificar sus bienes y por eso no llegaron a la Justicia?

—Solamente uno en que se requirió justificar y las explicaciones resultaron satisfactorias. Pero también hubo casos en que no se requirió justificar porque la investigación no encontraba ilegalidad.

—¿Qué demoras se verifican a nivel nacional?

—También son largas demoras. No hay investigaciones en la provincia por enriquecimiento ilícito que no sean de policías, lo que me parece muy llamativo (ver aparte). Pero a nivel nacional los casos más sonados como los de María Julia Alsogaray, que terminó con condena, o el policía bonaerense Alberto Sobrado, que fue absuelto por la duda en un juicio oral, llevaron diez años. Salvo caso como el del patrimonio del ex presidente Néstor Kirchner que se cerró en tiempo record, pero en definitiva se cerró y no se lo llamó a justificar, no hay casos nacionales que se hayan resuelto con una condena en menos de ese tiempo.

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