El Hospital Italiano de Rosario avanza en la recta decisiva que lo saque de la profunda crisis que atraviesa hace una década. De acuerdo a fuentes judiciales, el juez Civil y Comercial Nº 7, Marcelo Quiroga, se inclinará esta semana (lo más probable es que sea el jueves) por uno de los tres oferentes interesados en darle un definitivo impulso al efector con capacidad para 200 camas y 500 trabajadores que aguardan un resolución. Uno de los ítems prioritarios será la preservación de los puestos laborales, el pago de un canon de 600 mil pesos mensuales y un plan para resolver el pasivo.

Desde hace casi una década, el hospital inaugurado en 1892 y emblema de la colectividad italiana rosarina atraviesa una crisis financiera y de gestión que desembocó en una amenaza de quiebre y cierre definitivo.

En abril de 2008, tras medidas de fuerza del personal, sueldos impagos, deudas millonarias y la intervención del gobierno provincial, el Italiano se presentó a concurso de acreedores ante el juzgado del juez Quiroga.

Tiempo después logró un acuerdo con acreedores que finalmente resultó homologado en 2010, con una reducción de las acreencias de un 40 por ciento y una década para su efectivización.

Con un pasivo de más de 90 millones de pesos y cheques sin fondo por otros 16 millones, en agosto del año pasado se dictó la intervención de la Fiscalía de Estado a través de la Inspección General de Personas Jurídicas.

En octubre, la Justicia desplazó al Consejo de Administración y designó tres interventores, quienes tomaron las riendas de la institución de Virasoro al 1200.

Tras un informe sobre imposibilidad financiera de salir adelante, la comisión propuso al magistrado analizar el gerenciamiento de un privado.

Los interesados son la Asociación Mutual Argentina, la Casa del Médico Mutual y el médico cardiocirujano Rafael Díaz. La Asociación Mutual Argentina está relacionada al empresario Fernando Riccomi, titular de la prepaga Medycin. En tanto, la Casa del Médico Mutual está vinculada a Carlos Tita, empresario de la salud privada de Rafaela, que en la ciudad administró el ex sanatorio Julio Corzo.

Díaz, en tanto, es uno de los fundadores de Instituto Cardiovascular Rosario (ICR) y está relacionado a la Fundación Favaloro, y radicó su interés por gerenciar el Italiano a título personal.

Si bien la resolución es inminente, trascendió que el juez centró su interés en que los oferentes detallen cómo se harán cargo de los 500 empleados. En concreto, si absorberán la totalidad del personal, el plan a corto plazo, si se aplicará procedimiento de crisis y el plan para resolver la deuda con los empleados, lo que incluye categorías y antigüedad.

Será un punto crucial en la definición del juez Quiroga, ya que los trabajadores no cobraron el aguinaldo y se les deben 4 meses de sueldos desde enero, cuando percibieron sólo en un 75 por ciento.

Las bases del gerenciamiento que hará el privado giran en torno a un modelo de contrato de alquiler por 20 años, un canon de 600 mil pesos mensuales, el manejo de la prepaga Italmedic, y la posibilidad de vincularse con Iapos y Pami. Otro punto a analizar será la vinculación con el Instituto Universitario Italiano de Rosario (Iunir).