La legisladora del juecista Frente Cívico, Liliana Montero, denunció ayer penalmente ante la Justicia de Córdoba a funcionarios provinciales, entre ellos el gobernador José Manuel de la Sota, por el estado de desamparo "moral y material" de enfermos psiquiátricos internados en diversos centros de salud de esa provincia.

El deterioro es tal que el director de uno de los centros de asistencia reconoció las malas condiciones de internación.

La presentación recayó en la Fiscalía del Distrito 1 Turno 3, a cargo del fiscal, José Mana, confirmó el abogado patrocinante de la legisladora, Carlos Nayi, quien precisó que la denuncia penal es por la "probable comisión del delito de abandono de persona y violación a los deberes de funcionario público".

El letrado indicó que la denuncia alcanza al gobernador José Manuel de la Sota a una serie de funcionarios políticos y del servicio de salud.

Nayi indicó que en la Colonia Alborada del hospital regional, hay 267 internos "de los cuales 104 son judicializados y de ellos 35 tienen causas penales por delitos graves, como homicidios o abuso sexual con acceso carnal, por lo que representan un peligro para sí y para terceros, porque hacen lo que quieren con otros internos, porque conviven con gente que tienen el más alto nivel de vulnerabilidad".

Relató que las salas de contención son "celdas con muros malolientes, donde los internos orinan y defecan en el piso, se ve a pacientes desnudos y mujeres rapadas. Los mismos profesionales son víctimas de la agresión de algunos pacientes".

Liliana Montero aseveró en su denuncia que estos pacientes "son objeto de destrato, abusos sexuales y víctimas de hacinamiento, con riesgo para sus vidas".