"Hay que evitar la fragmentación de las causas por narcotráfico, eso podría provocar lagunas legales que beneficiarían a los traficantes", dijo el vicegobernador Jorge Henn respecto de las declaraciones del fiscal regional Jorge Baclini sobre la desfederalización de los delitos de narcomenudeo.

En 2005 se sancionó una ley nacional que habilita a los poderes judiciales provinciales a investigar hechos de menores de narcotráfico, como la venta de droga en quioscos. Uno de los impulsores de la norma fue el Estado bonaerense, que adhirió de inmediato. Y Córdoba lo hizo hace nueve meses.

En Santa Fe, si bien desde hace un año hay un proyecto del diputado Darío Mascioli para que la provincia adhiera a esa ley, la normativa aún no superó el nivel de la controversia. En la edición de ayer de La Capital Baclini se manifestó a favor de la idea, entre otras razones porque la mayor estructura del Poder Judicial santafesino permitirá —una vez reformado el sistema procesal penal— perseguir esos delitos con más eficacia que la que demuestra la Justicia Federal.

Acuerdo. "Más allá del respeto a las distintas posturas sobre el tema, en lo particular sostengo que hay una cuestión de fondo que no debemos perder de vista y es evitar la fragmentación de las causas por narcotráfico, ya que esta disgregación podría provocar lagunas legales que beneficiarían directamente a los grandes narcotraficantes", afirmó ayer el vicegobernador.

"Antes de tomar una definición de fondo —añadió Henn— debemos ponernos de acuerdo para no dejar claroscuros que terminen beneficiando a las empresas delictivas. Coincido con los problemas teóricos planteados y con la lucha diaria que se realiza desde el Ministerio de Seguridad, pero si no articulamos fuerzas y definimos un plan de acción entre el gobierno provincial, la Legislatura y la Justicia provincial y federal será muy difícil encontrar soluciones".

En este sentido Henn remarcó la necesidad de avanzar en la reforma de la Justicia penal santafesina que, además de "reducir los márgenes burocráticos, permitirá poner en marcha un sistema moderno, diseñado desde una visión integral de la Justicia, poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos y las garantía individuales, dándole debida defensa a la víctima y otorgándole participación en los procesos".