La ley que regula los acuerdos de juicio abreviado en Santa Fe, que Miguel Lifschitz cuestiona en esta nota pidiendo una enmienda legislativa, es motivo de críticas en estos días desde distintos enfoques. Una de las principales es que otorga a acusadores y defensores, atribuciones discrecionales que rozan la desmesura.

Por ejemplo que se pueden forzar las escalas penales, vale decir los mínimos de pena previstos por la ley para cada delito, dejando menguada capacidad de intervención a los jueces que deben homologar o no los casos.

Pero también se plantea que el abreviado poco tiene que ver con la Justicia Penal sino que no es más que un mecanismo procesal que nació de la necesidad de descongestionar el sistema. En el "Nuevo Código Procesal Penal comentado de la provincia de Santa Fe", de Editorial Zeus, el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta, el Defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, y el camarista Tomás Orso dicen que se considera que los abreviados deberían proceder sólo para los delitos leves. "Así se evitan los riesgos de prácticas distorsivas respecto de hechos graves que necesariamente deben ser juzgados, pero el legislador procesal no lo concretó así, habilitando el abreviado sin tope alguno". Esta es una de las básicas objeciones políticas al trámite con que se intenta definir la Causa Monos.