El criminólogo santafesino Máximo Sozzo no tiene dudas de que, bajo algunas reivindicaciones que son aceptables, operan franjas autoritarias del Servicio Penitenciario para torpedear la línea política que les quitó "un poder que construyeron en base al maltrato y el abuso". Ante el reclamo, analiza, la respuesta oficial debe pasar por el diálogo con los empleados penitenciarios. "Pero sin renunciar a los lineamientos actuales. En esto no pueden darse señales timoratas: esta política, contra lo que se está diciendo ahora, es la que ha bajado los niveles de violencia en las cárceles".

—Los guardias piden más seguridad, hacen reclamos salariales y mejoras de condiciones laborales. Pero en sectores del gobierno interpretan que hay entablada una pulseada ideológica para reimplantar la mano dura.

—Los trabajadores penitenciarios tienen derecho a reclamar por sus derechos. Es algo normal: son empleados públicos como el resto. Lo que ocurre es que lo que se desencadena a partir del reclamo colectivo por lo ocurrido en Piñero muestra también muy claramente una exigencia política. Eso se ve en el discurso de los actores y en el petitorio cuando se reclama restaurar la autoridad del trabajador penitenciario con respecto al preso.

—¿Se puede entrever en este reclamo alguna intencionalidad de reinstalar el tipo de gestión cerrada que predominó hasta el año 2004 y que estalló en la masacre de Coronda?

—Claramente. Es este reclamo puntual se juega un debate político entre dos modelos de ejecución penal. Uno tradicional que construye como ideal la cárcel quieta, un lugar donde no ocurre nada y las personas están encerradas la mayor parte del tiempo en sus celdas o pabellones, sin actividad laborar ni recreativa, donde reina la preocupación por la seguridad. La construcción de este modelo requiere altas dosis de ejercicio de la fuerza y produjo, como ya se vio en Santa Fe, tremendos niveles de violencia y abuso. El gobierno provincial, desde 2008 hacia adelante, ha tratado de desmantelar ese modelo con un esquema de diálogo, con un lenguaje que resguarda los derechos de los privados de libertad y abre la prisión a otros actores, en la que se busca reinsertar.

   —¿Reaparece entonces la vieja puja entre un sector "aperturista" y otro de "mano dura"?—No lo dudo. En la radio LT10 de Santa Fe se escuchó decir a un empleado: "Lo que nosotros queremos es que nos dejen volver a apretar a los presos". Algo así no admite muchas lecturas. El reclamo encarna la restitución al penitenciario de un tipo de autoridad que se construye sobre el maltrato y el abuso. Es poder colocar al preso en su lugar en mecanismos que van desde el encierro usando balas de goma al hostigamiento psícológico y físico.

  — ¿Qué relevancia tiene la política penitenciaria actual?

  —En primer lugar, el armado de mesas de diálogo entre penitenciarios, sector político y presos, que crea un mecanismo de resolución de conflictos internos desde distintas voces. Luego la apertura a los actores externos, uno de ellos la universidad, que hacen cosas positivas en la prisión. Y en el tema de la violencia hay algo incontrastable: en lo que va de 2009 hay un solo muerto en un episodio violento, que fue un incendio, un número extraordinariamente bajo comparado con años anteriores, que demuestra que estos mecanismos no generan más inseguridad, sino que reducen los conflictos.

  — Hablando con penitenciarios dicen sentir maltrato y que por sobre sus voces se privilegia la de los presos.

  —Existe respeto a la ley. Hay que estar muy atentos de que bajo el paraguas de un reclamo laboral no se esté construyendo un movimiento de oposición a una política progresista democrática.