¿Es posible analizar la década kirchnerista desde una perspectiva más amplia que la que ofrece un balance estricto de la gestión de gobierno de los últimos 10 años? ¿Existe alguna manera de abstraerse de la disputa coyuntural, virulenta y vertiginosa de nuestros días? Los 10 años del ciclo político inaugurado en mayo de 2003 coinciden con las primeras 3 décadas de democracia ininterrumpida en la Argentina. ¿Cuánto más madura es nuestra incipiente democracia? En el sentido estricto de nuestra cultura política, ¿cuánto crecimos?
De manera cada vez más pronunciada, el escenario político pareciera convertirse en un espacio bélico caracterizado por posiciones irreductibles, declaraciones altisonantes y momentos fundacionales. ¿Es cierto que el que disiente siempre tiene vocación golpista o que en cada decisión se busca terminar con las instituciones? La idea del conflicto permanente, el diálogo de sordos, ¿es sólo un problema de estilo o desnuda un rasgo distintivo de nuestra cultura política?
Por cierto, la política es territorio de poder y disputa. Pero la política democrática requiere además reglas de juego en un marco institucional consensuado y sujetos democráticos con vocación tolerante. La reducción de la política a la fórmula amigo/enemigo convierte al diálogo, el respeto y la tolerancia —ejes estructurantes de la vida en democracia— en momentos tan sólo efímeros.
En verdad, se trata de una lógica que precede al kirchnerismo y encuentra raíces en un pasado cargado de interrupciones autoritarias y rupturas del orden constitucional. Con todo, el modelo profundizó el rasgo político más intenso y agobiante de nuestra corta vida democrática. La reivindicación del juego democrático como escenario de conflicto pero al mismo tiempo de consenso no implica un reduccionismo ni una lectura ingenua de la política sino reconocer que toda democracia madura requiere cierto umbral de racionalidad política que socialmente desmerecemos.
En el medio, la actividad política conspira contra la búsqueda de esa racionalidad. La lógica de acumulación electoral y la especulación empuja a los actores políticos que piensan similar a recostarse sobre expresiones antagónicas.
Es tan inverosímil la pretendida y fomentada unificación del espacio opositor como la conjunción de algunos referentes del modelo K con personajes autoritarios de provincias cuasi feudales que sostienen el proyecto. Las expresiones públicas, siempre sobredimensionadas, desnaturalizan posiciones políticas e ideológicas. La necesidad de apropiarse de ciertas conquistas impone posiciones fundacionales y la búsqueda de atajos.
Cualquier balance de estos 10 años que se inscriba en el contexto más amplio de las primeras tres décadas de vida democrática debería jerarquizar este debate. Hay que reinventar una cultura de la tolerancia, aun a riesgo de hacer más lentas decisiones estratégicas y más gradual ciertas reformas estructurales. Quizás ese proceso más largo —que privilegie el reconocimiento del otro aun en la diferencia— represente mayores niveles de consenso y, en consecuencia, otorgue cierta dosis de estabilidad a las políticas públicas y decisiones de gobierno.
Una breve lectura de la experiencia kichnerista nos devuelve luces y sombras. Es cierto que el modelo propició crecimiento en condiciones favorables, garantizó reformas y políticas estructurales necesarias como la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario, la recuperación de YPF, la integración latinoamericana o la ley de medios y recuperó la mejor tradición argentina en materia de derechos humanos, que se inició con el gobierno de Alfonsín en los 80. Tan cierto, como que no se ha podido convertir el crecimiento en desarrollo ni consolidar instituciones fuertes ni reducir sustancialmente la brecha entre ricos y pobres.
Aquellas conquistas otorgaron fundamento al modelo y es probable que esa “efectividad” justifique aún un estilo político de confrontación y bajos niveles de calidad democrática. La década K se mostró eficaz para resolver los problemas de origen: recesión, desempleo y crisis política. El interrogante es si existen condiciones para la renovación y la alternancia y capacidad política para asumir los nuevos problemas de agenda. En los márgenes de ese debate se nos presenta el problema de la calidad de nuestra democracia (entendida desde la perspectiva de la cultura política, la participación, el compromiso ciudadano, el fortalecimiento institucional y su dimensión deliberativa) que ni la política ni la sociedad parecen privilegiar. Con todo, la política —aún con la necesidad de reinventarse— sigue siendo una (la) herramienta formidable de transformación social y luego de casi un siglo “al margen de la ley” la legitimidad democrática llegó para quedarse, conquista colectiva de la que debemos sentirnos orgullosos.
