El juez de Instrucción Andrés Donnola imputó ayer a nueve personas por la evasión de Raúl Oscar Flores de la cárcel de Piñero. De ellos, cinco se encuentran detenidos y los arrestos del personal de custodia podrían continuar hoy. Todos fueron acusados de facilitamiento doloso de evasión, una figura que presupone intencionalidad y no simples negligencias. Tras una minuciosa recorrida de dos horas por el penal, el juez comprobó que no funcionaron tres instancias de control del utilitario en el que iba oculto el confeso homicida de Abel Beroiz.

Asimismo, el juez dispuso el secuestro de los celulares de todo el personal implicado y comenzó ayer a la tarde a tomar declaraciones indagatorias de los detenidos: dos empleados del Instituto Autártico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip) que conducían el utilitario en el que se escondió Flores, dos civiles encargados de la panadería y tres custodios del Servicio Penitenciario apostados en los controles que fallaron.

También están imputados, aunque en libertad, un agente penitenciario que actuaba como refuerzo en uno de esos puestos de control y otro que estaba apostado en una torreta perimetral. Desde allí tenía a la vista la camioneta mientras era cargada con las bolsas de pan entre las cuales se escondió Flores para dejar la cárcel. Todo el personal involucrado ya declaró el miércoles en el marco de la investigación administrativa que se inició con la fuga.

Recorrida. El juez Donnola recorrió ayer la Unidad Penitenciaria Nº 11, ordenó fotos y planos, e inspeccionó el utilitario Renault Master usado en la fuga. Constató que un primer puesto de control de la cárcel está en el portón de acceso, donde deben requisarse personas y vehículos con un registro por escrito, y hay otros dos en el camino a la panadería en los que el vehículo queda prácticamente enjaulado hasta obtener el permiso de avanzar. Según indicaron fuentes del caso, el juez quiere analizar las llamadas entrantes y salientes a los teléfonos del personal, así como a un teléfono público del sector donde estaba alojado Flores.

En la recorrida, el magistrado constató además que las cámaras de seguridad del predio no funcionan desde hace meses y que no fueron reparadas por "el alto costo de mantenimiento", de unos 80 mil pesos mensuales. En el marco de la pesquisa se libraron varias órdenes de allanamiento y dos jueces solicitaron la captura interprovincial de Flores (ver página 31). Uno fue el propio Donnola y el otro el de Sentencia Carlos Carbone, quien debe juzgarlo por el crimen por encargo y solicitó que se alerte a los cruces aduaneros de las fronteras.