En un mercado de venta y de alquileres de inmuebles cada vez más enrarecido, con incrementos en la renovación de los contratos que superan el 70 por ciento y pueden llegar a duplicar el precio que los inquilinos abonaban dos años atrás, ayer se firmó un convenio entre el Concejo Municipal y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, sede Rosario, para “poner a disposición las audiencias de conciliación de la Oficina Municipal del Consumidor para abordar reclamos y resolver conflictos”.

Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación continúa el debate por una nueva ley de alquileres, en Rosario se intentan generar nuevas herramientas para abordar y serenar un escenario muy agitado que no encuentra una zona de estabilidad, ni de certidumbre.

El objetivo pasa por “fijar pautas generales de colaboración, cooperación, asesoramiento y reciprocidad entre ambas instituciones, las que definirán y estudiarán las actividades a desarrollar en forma conjunta en materia inmobiliaria”.

Lo acordado apunta a la realización de audiencias de conciliación, y a ubicar al Instituto de Mediación del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario “como método alternativo privado de resolución de conflictos en materia inmobiliaria, relacionados con cuestiones contractuales y el corretaje inmobiliario, tanto en venta como alquiler”.

En ese mismo sentido, se plantea “trabajar en conjunto en el fortalecimiento de la información para los consumidores en materia inmobiliaria y de resolución de conflictos”, y “desarrollar en forma conjunta acciones tendientes a generar estadísticas de carácter científico, técnico y de investigación, en áreas que resulten de mutuo interés”.

El encuentro se desarrolló en el salón de los acuerdos del Concejo, y rubricaron el acuerdo la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck; el jefe de la Oficina Municipal del Consumidor, Antonio Salinas, y el coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda, Inquilinos y Pymes, de la citada Oficina, Ariel D’ Orazio, en tanto por el Colegio de Corredores Inmobiliarios lo suscribieron, su presidente Andrés Gariboldi, y el secretario, Pedro Sendón.

Mercado alterado

Este avance en los marcos de resolución de conflictos se da en un mercado de venta y de alquileres totalmente desbordado con intentos de renovación de algunos contratos que trepan muy por encima del 70 por ciento. Vale precisar que, en estos días, en Rosario el valor promedio del alquiler de un departamento de dos ambientes ronda los 32 mil pesos mensuales, casi lo mismo que un salario mínimo, vital y móvil.

Esos números y esos reclamos fueron ratificados a este diario tanto desde la Oficina Municipal del Consumidor como desde las organizaciones locales que agrupan a los inquilinos, repletas de consultas por las subas pretendidas al momento de renovar los contratos de alquiler, tanto de vivienda como comerciales.

“Las renovaciones que se producen ahora se dan en el marco de la legislación anterior, no tienen un tope ni obligatoriedad de negociación previa. Por eso nos estamos encontrando con aumentos de entre el 80 y el 150 por ciento”, advirtió Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos de la Oficina del Consumidor.

En ese organismo las consultas por las renovaciones de contrato son frecuentes. “Hoy representan uno de los principales temas que llegan hasta la oficina. La gente viene a consultar porque se encuentra con aumentos que son altísimos y necesita saber cómo proceder”, confió.

Fuera de alcance

La actual ley de alquileres fija un tope para los ajustes de precios de los contratos basado en el Indice de Contratos de Locación que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Pero cuando el contrato se vence, la negociación la fija el mercado inmobiliario. Lo mismo sucede con los acuerdos anteriores a julio de 2020, cuando entró en vigencia la ley.

El índice de alquiler se fija de acuerdo a la variación de la inflación y de los salarios del sector público. Para el mes de mayo es de 53,9 por ciento. Por eso, los inquilinos que hayan firmado su contrato en mayo de 2021 no podrán tener aumentos que superen esa cifra. No obstante, para quienes deben renovar su contrato, el porcentaje de incremento es mucho más alto.

Entre los casos que le ha tocado asistir al Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos de la Oficina del Consumidor, se encontraron con inquilinos que pagaban mensualmente 13 mil pesos y para renovarles el contrato les exigían 36 mil; y otros que abonaban 21 mil pesos por mes y les pedían 45 mil pesos.

“Son exigencias muy por encima de la inflación. La mayoría arranca por encima del cien por ciento y terminan arreglando entre el 80 o el 90”, explicó Ariel D’ Orazio.