Tras el allanamiento realizado en un taller clandestino, el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) denunció que existen fuertes presunciones de que los muebles y electrodomésticos de las personas que allí vivían fueron robados. Es más, los responsables de la repartición provincial se preguntaron "¿qué derechos les quedan ahora a las personas rescatadas?"; quienes, por el momento, están en un hotel sin certeza sobre su futuro.
En el área que depende del Ministerio de Justicia relataron las diferentes diligencias que debieron hacer los funcionarios para confirmar si el robo existió y, a la vez, lograr que se determine la presencia de custodia en la vivienda de Deán Funes 62 bis, algo que se obtuvo recién ayer al atardecer, luego de diversas gestiones.
Pasadas las 18 del miércoles, tres móviles de la Policía Federal continuaban retirando elementos de la vivienda de barrio Tablada que era utilizada como un taller textil clandestino que trabajaba para reconocidas marcas de indumentaria. En el importante allanamiento se detuvo a un matrimonio boliviano, que presuntamente manejaba el lugar, y que luego fue trasladado a la sede de calle 9 de Julio 233, acusado de trata de personas.
En tanto, fueron rescatadas 11 víctimas (6 mayores y 5 menores). Entre los mayores, había dos mujeres y una de ellas estaba embarazada. Todas estas personas eran de nacionalidad boliviana, no tenían la correspondiente documentación personal y estaban sometidas a condiciones de explotación y esclavitud, según informó la Justicia Federal, a cargo del operativo.
Por eso intervino el CAJ, que se ocupó de las condiciones generales de los habitantes del inmueble. Como en principio fueron derivados a distintos sitios, se hicieron actuaciones para que permanecieran todos juntos en un mismo hotel, donde ahora se encuentran alojados. "Los habían llevado a lugares distintos sin tener en cuenta que muchas de las víctimas son familiares entre sí", se quejó una fuente del centro. Es más, el portavoz señaló también que entre los rescatados había familiares de la pareja arrestada. Y sorprendió con un dato: los menores estarían escolarizados, por lo que surgieron dudas sobre la real explotación y condiciones similares a la esclavitud. Sin embargo, estas cuestiones seguirán siendo parte de la investigación federal.
Apenas, el CAJ tomó contacto con las personas oriundas de Bolivia, éstas manifestaron preocupación por sus pertenencias. Es que en el operativo fueron secuestradas las máquinas de coser y otros insumos, pero no elementos de importante valor, como heladeras, televisores y acondicionadores de aire.
Observación. Las presunciones llegaron a partir de los dichos de los vecinos del inmueble de Tablada, quienes expresaron haber visto "gente robando". En efecto, estas denuncias quedaron detalladas en un acta que hizo el Centro de Asistencia Judicial.
En esa oficina intentaron tomar contacto con el fiscal Marcelo Di Giovanni y dieron con su secretario, quien se excusó de poder dar curso a la posibilidad de ingresar al domicilio para confirmar el robo e incluso instalar custodia policial. El funcionario sólo suministró el teléfono de la secretaria del juez encargado de la causa (Carlos Vera Barros), quien luego de pedir detalles por escrito resolvió que la Policía Federal concurriera al lugar para examinar si los artefactos faltaban o no. Pero cuando ayer llegaron los efectivos, no pudieron abrir la vivienda porque la llave que tenían no pertenecía al candado colocado. Se presume que los supuestos delincuentes sustrajeron los electrodomésticos y luego pusieron otra traba.
Finalmente, los uniformados quedaron como custodia. La situación fue seguida en detalle por integrantes de la Fundación María de los Angeles, una entidad encargada de brindar asistencia integral a las víctimas de trata de personas, así como también recibir denuncias y ofrecer contención y asesoramiento a familiares.
Humanidades sigue tomada y denuncian agresiones al decano
Al cumplirse el tercer día de asamblea frente a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), los alumnos pidieron que no se retome el cursado en el edificio nuevo de la institución, sobre calle Corrientes. Allí, el martes resultó herida una becaria del Conicet cuando se desprendió un vidrio desde el 6º piso. Además, se suspendió la sesión de Consejo Directivo, convocada para ayer y se denunciaron agresiones por parte de los estudiantes.
Si bien se realizó una reunión entre el decano de la facultad, José Goity, referentes de agrupaciones estudiantiles y docentes, para intentar llegar un acuerdo, no hubo entendimiento. El decano insistió en que durante el fin de semana llegará un informe técnico que avalará que se puede cursar en la torre inaugurada recientemente, con excepción del piso 6º. Sin embargo, los estudiantes se niegan a volver a las aulas.
La Universidad detalló los motivos por los que no se llevó a cabo la reunión del Consejo Directivo: "La facultad estaba tomada por agrupaciones político-estudiantiles, no concurrió el personal no docente (por decisión gremial) debido a la ocupación de su lugar de trabajo y hubo manifestaciones de violencia verbales y físicas hacia el decano de la facultad por parte de algunos miembros de agrupaciones".
El alumnado insiste en reanudar las actividades en el sector viejo de la facultad que da a Entre Ríos, y algunas cátedras cursarlas en alguno de los inmuebles que la universidad tiene disponibles, hasta tanto terminen las obras en el 6º piso del ala nueva.
Por Martín Stoianovich