El asesinato de ocho aborígenes en una protesta que disolvieron los militares en Guatemala puso en tela de juicio el papel del Ejército en funciones de seguridad pública, en un país con un pasado nefasto de represión militar en la guerra civil (1960-96).

Una lluvia de críticas de diversos sectores del país y de organizaciones internacionales cayó sobre el gobierno tras el violento desalojo que hicieron hace diez días los soldados de una manifestación en Totonicapán, 180 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, que también dejó más de 30 heridos.

"La participación de militares en la seguridad civil la venimos rechazando desde hace una década, es contra natura, los militares están preparados para la defensa de un país. Su doctrina y especialización es distinta a la policía", afirmó a la AFP Carmen Ibarra, dirigente del Movimiento Pro justicia.

El pasado jueves fueron detenidos el coronel Juan Chiroy y ocho soldados, entre ellos dos mujeres, acusados de "ejecución extrajudicial", en el primer caso de militares que serán procesados por una matanza ocurrida tras el fin de la guerra civil hace 15 años, plagada de casos de terrorismo de Estado.