"El problema de tierras siempre ha estado, pero en los últimos tres años vienen sucediendo acciones de este calibre. Dos grupos armados de unas 15 personas vigilan a la comunidad de la Armonía, parque nacional Copo, extremo noreste de Santiago", alerta Deolinda Carrizo, responsable del equipo de comunicación del Mocase.

"Contratan gente armada y desde hace varios meses realizan actos que van contra la seguridad de las familias. Hay varios prófugos y amenazan a los compañeros. Recordó que por el asesinato de Ferreyra.

Por su parte, Cariló Olaiz, ingeniero agrónomo y miembro del Mocase Vía Campesina, remarcó que "en la comunidad de San Antonio, donde mataron a Cristian Piñeyra, también fue amenazado y golpeado un compañero de apellido Ladriel. Lo tomaron dos prófugos de la justicia", dijo Cariló Olaiz, ingeniero agrónomo y miembro del Mocase Vía Campesina. "Lo intentaron ahorcar con las sogas de su mochila, pero luego lo tiraron en el monte". "En agosto, antes de que mataran a Cristian, el juez había ido a la comunidad por las denuncias de amenazas a los pobladores. Pero no hizo nada, la policía recorrió algo de Monte Quemado, pero nada más", abundó.

Bosques nativos.Olaiz coordina el área de Bosques Nativos, Agroecología y Apicultura, vive en Quimilí, cabecera del departamento Moreno, al noreste provincial. La entidad lleva 21 años en el trabajo con comunidades campesinas del noroeste argentino. Es uno de los agrónomos que interviene también con veterinarios, trabajadores sociales y campesinos. "Habrá unos 250 militantes que intervienen en zonas de conflictos: Copos, Alberdi y Pellegrini, entre otras zonas. Sin la organización del campesino se hubieran apoderado de todo", sostiene.

La Mesa Provincial de Tierras integra a organizaciones como el Mocase, Fundapaz, Incupo, Programa Social Agropecuario, Greenpeace, Pastoral Social del Obispado de Santiago, entre otras.

El Mocase había denunciado tres veces ante el gobierno provincial la misma situación que luego corroboró el Comité de Emergencia, en marzo, junio y el 10 de agosto de 2011. En la denuncia escrita, la organización remarca que se incumplía la ley provincial 6841 (prohíbe el desmonte en territorios indígenas), la ley nacional 26.160 (emergencia de comunidad indígenas) y el Convenio 169 de la OIT.