El gobierno de Grecia emitió un decreto por el cual obliga a todas las instituciones estatales y organismos públicos a transferir sus depósitos al Banco de Grecia, como procedimiento de emergencia para afrontar en las próximas semanas las deudas pendientes con sus acreedores internacionales. Grecia ha recibido del FMI y Europa casi 240.000 millones de euros desde 2010, pero aún así necesita de fondos frescos para hacer frente a sus gastos corrientes y a los vencimientos de su enorme deuda pública. Atenas espera que con el decreto ingresen en las arcas del banco central unos 3.000 millones de euros.
Hasta el 12 de mayo el gobierno de izquierda radical griego necesita 1.100 millones de euros para pagar salarios, 850 millones para jubilaciones y pensiones, y 950 millones de euros para pagar un vecimiento de deuda al FMI. A principios de abril Grecia logró devolver en el plazo establecido un crédito del FMI con la ayuda de los depósitos de los fondos de pensiones; sin embargo, los consejos directivos de algunos fondos de pensiones y de empresas controladas por el Estado se negaron hasta el momento a transferir sus depósitos.
Tras firmar un decreto de emergencia enviado al Parlamento para su ratificación, todos los fondos estatales, desde los de hospitales hasta los de gobiernos provinciales y municipales, irán a una cuenta en el Banco de Grecia para estar a disposición del Estado como préstamos a corto plazo. Concretamente, se trata de las denominadas operaciones de recompra, que permiten al Estado pedir prestado por un máximo de 15 días fondos a organismos públicos. Las empresas estatales transfieren los fondos al Banco de Grecia y posteriormente el Estado se los devuelve al interés vigente de la entidad griega. Las entidades públicas pueden colocar sus reservas a un interés más lucrativo, pues el Banco de Grecia ofrece un rendimiento del 2,5 por ciento, frente al 1 por ciento de la banca comercial. Del decreto quedan explícitamente excluidos los fondos de pensiones y algunas empresas estatales. También se excluyen los organismos que necesiten su efectivo para pagos inmediatos. Pero como regla general afecta a todos los organismos del Estado de todos los niveles.
Es el indicio más reciente de que las arcas de Atenas se están vaciando en medio de la disputa del gobierno de la coalición radical Syriza con sus acreedores extenos en torno al programa de reformas considerado ineludible para obtener el desembolso de nuevos fondos. La disputa ha demorado la entrega de 7.200 millones de euros (7.700 millones de dólares) del segundo "rescate" acordado con Grecia en 2012. Estos fondos son vitales para pagar gastos como salarios y solventar préstamos que vencen en las próximas semanas.
Los acreedores de la Eurozona y el FMI exigen cambios en las leyes laborales y de pensiones, entre otras reformas. Para el gobierno de Syriza, muchos de los reclamos son contrarios a su mandato electoral. Syriza fue elegido en enero pasado precisamente con la promesa de poner fin a la "austeridad", que le impuso la llamada "troika" formada por el FMI, la UE y el Banco Central Europeo (BCE). Los gobiernos anteriores han puesto en práctica diversos planes de ajuste que incluyen privatizaciones de algunas de las numerosas entidades estatales, recorte de los salarios y de las jubilaciones. Todo esto ha conllevado una profunda recesión, que provocó la crisis política de los partidos tradicionales y el acceso al poder de Syriza en enero pasado. Pero el problema de fondo superó rápidamente el consignismo del premier Alexis Tsipras y su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis: la economía griega y los griegos gastan mucho más de lo que producen. Desde el ingreso de Grecia en el euro, Atenas se benefició de dos factores: la sistemática falsificación de sus cuentas públicas para ocultar un déficit fiscal enorme y la facilidad de acceso al mercado de deuda pública a bajo interés gracias a su pertenencia a la eurozona. Esto se terminó abruptamente, cuando se denunció el fraude de las cuentas fiscales y rápidamente Grecia debió recibir una ayuda extraordinaria de 110.000 millones de euros. Apenas dos años después requirió otros 130.000 millones más. Este segundo plan está terminando, y los 7.200 millones que reclama Grecia a sus acreedores son su última cuota.
En tanto, crecen los temores de que Grecia se quedará sin fondos y abandonará el euro. Eso se advierte en los mercados de bonos, donde los costos de los préstamos —un índice del riesgo de default— subieron nuevamente ayer, hasta rozar el 28 por ciento.
Viernes clave. Muchos operadores del mercado piensan que el próximo viernes se llegará al punto de inflexión, cuando se reúna el Eurogrupo en Letonia. Hasta ahora, el Eurogrupo ha dicho que Grecia no ha realizado reformas suficientes para merecer el OK al último tramo del segundo rescate.
