La fiscalía británica publicó ayer nuevas directrices describiendo los tipos de suicidio asistido que seguramente serán llevados a los tribunales, lo que mantendría la práctica en la ilegalidad pero con salvedades que permitirían que no fueran encausados los sospechosos de concretarla.

El director de la Fiscalía Pública, Keir Starmer, dijo que el suicidio asistido sigue siendo un delito grave punible con hasta 14 años de prisión, pero agregó que el encausamiento será menos probable cuando al sospechoso le mueva únicamente la compasión.

Las nuevas directrices, plasmadas tras numerosas consultas con casi 5.000 británicos que aportaron sus comentarios, insisten en que el encausamiento es menos probable cuando las propias víctimas han adoptado una decisión clara, voluntaria e informada de terminar con sus vidas mediante el suicidio.

"La norma está más centrada ahora en la motivación de los sospechosos en lugar de las características de las víctimas", se indicó. "Esta política no cambia las leyes del suicidio asistido. No abre la puerta a la eutanasia".

La fiscalía examinará cada caso según sus méritos y decidirá si hay un interés público en iniciar un encausamiento.

Diferencia. Las nuevas directrices son similares a las interinas aportadas por la fiscalía en septiembre de 2009 pero no reflejan algunos cambios significativos.

No insisten ya que el enjuiciamiento es menos probable si el sospechoso es un miembro de la familia o amigo íntimo de la víctima.

Starmer tuvo que publicar las directrices detalladas para los fiscales después que Debbie Purdy, una paciente de 46 años con esclerosis múltiple, demandó al gobierno para averiguar bajo qué circunstancias incoaría cargos contra aquellos que la ayudaran en un suicidio asistido.

Purdy expresó el temor de que su esposo pudiera ser encausado si le ayudaba a viajar a Suiza para ingresar en una clínica de suicidios, y agregó que necesitaba esas directrices para tomar una decisión seria al respecto. (AP)