—¿Están utilizando el endeudamiento que les autorizó la Legislatura?
—Lo estamos usando en la medida en que el mercado nos permite hacer estas colocaciones. La autorización legislativa per se no genera liquidez. La autorización es hasta 2 mil millones de pesos, con instrumentos variados, pero luego hay que buscar la fuente de financiamiento real. No vamos a estar usando en el ejercicio 2015 la totalidad del endeudamiento. Es una autorización que se da a más largo plazo y lo vamos a ir utilizando en la medida en que se vayan dando las condiciones del mercado. El riesgo de Santa Fe es muy bajo en comparación con otras provincias y esa es una condición que queremos hacer valer. Santa Fe no se va a ir a endeudar a tasas que no reflejen el riesgo de esta provincia, que es bajo.
—Este es un momento de tasas en alza
—Este es un momento complicado. No tenemos inconvenientes en hacer algunas operaciones, siempre y cuando sean en condiciones razonables. Los actores de mercado siempre nos plantean la necesidad de conocer a la provincia de Santa Fe como tomadora de deuda. Esto va generando un historial de cumplimiento. El mercado mira distinto a un emisor primerizo que a uno que tiene un historial de cumplimiento. Nosotros tenemos un historia de cumplimiento en el crédito de largo plazo, porque actuamos en ese terreno. Queremos salir con una emisión de letras, aunque no sea significativa, para que el mercado comience a conocer a la provincia como emisora. Lo hacen todas las provincias grandes, como provincia y ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Salta. Santa Fe no tiene ese historial. Entonces vamos a hacerlo aunque las condiciones hoy estén un poco agitadas. Igualmente, cuando uno emite letras generalmente lo hace a una Badlar más un margen, con lo cual la variabilidad la tenés en cualquier momento. A quien haya emitido letras en octubre con vencimiento en marzo, en este momento le rige la Badlar actual. Si nosotros emitimos deuda ahora pero luego el mercado se normaliza, vamos a tener el beneficio de la baja.
—¿La emisión será en lo inmediato?
—La idea es hacer una primera emisión antes de fin de año. Una vez que se aprobó la ley hay un paso siguiente, que es la autorización del gobierno nacional. Seguramente vamos a tenerla. Sí avanzamos con cheques de pago diferido que han sido bien recibidos por empresas contratistas y proveedores grandes. Con los contratistas venimos trabajando desde hace largo tiempo con un esquema de pagos consensuado. Tienen el cheque de pago diferido como un instrumento validado. Esto ha sido útil para asegurar la fluidez financiera por parte de las empresas y la continuidad de las obras para el Estado.
—¿Ya comenzó la Nación a dejar de hacer el descuento de la coparticipación previsto en el fallo de la Corte?
—Sí. El fallo de la Corte plantea dos temas: por un lado que Santa Fe tiene razón en su reclamo y que se deje de descontar, y por otro, que negociemos para cobrar la deuda generada. La negociación de la deuda va a llevar su tiempo, en un camino que recién empezamos a transitar. El gobernador se reunió con el Jefe de gabinete y el ministro del Interior. Se quedó en que cada uno haga los deberes, esto es estimaciones de la magnitud de la deuda y algunos ejercicios de actualización. Y allá por el mes de enero nos juntaremos las partes para iniciar una instancia de negociación. Respecto de la no detracción, días atrás recibimos la coparticipación plena. Obviamente que la provincia recibe coparticipación federal en un goteo diario. Y monitoreamos de cerca de cómo se compone. Un día tenés el efecto de positivo de la aplicación del fallo y otro día, el efecto negativo de que la Nación decidió reintegrar IVA a exportadores, por ejemplo. Obviamente, si no hubiese existido el fallo hubiésemos recibido menos de lo que esperábamos.
—Este ingreso de la coparticipación y el cambio de variables macro, ¿los obliga a readecuar el presupuesto?
—No. La variables macroeconómicas con las que se elaboró este presupuesto son tipo de cambio, niveles de precios y nivel de actividad económica. Tuvimos un impacto importante en el tipo de cambio y el presupuesto quedó formulado con un dólar 10,60 pesos. Esta variable nos gravita marginalmente en forma directa. Nuestros servicios de la deuda son con organismos multilaterales, tomados en dólares. Con lo cual los servicios presupuestados para 2016 quedaron por debajo de la cantidad de pesos que vamos a necesitar. Pero el stock de deuda es bajo y el perfil de vencimientos es inmejorable. No tenemos en el año ningún vencimiento fuerte. Obviamente, una devaluación del 40 por ciento tiene algún impacto, pero el tema es cómo impactará en las otras dos variables: actividad y precios. Ahí es prematuro hacer conjeturas.
—¿Tuvieron algún problema con los precios en contratos de obra pública?
—No. Nosotros contratamos la obra pública bajo una ley que establece el marco para la redeterminación de los precios y es la que se viene aplicando. Si hubiera traslado a precios por la devaluación, está el marco normativo para enfrentar eso.
—La devaluación puede impactar en precios y actividad ¿qué impacto puede tener esto en la recaudación presupuestada?
—El movimiento de la actividad económica y de los precios nos afectan tanto en los gastos como en los recursos. Me preocupa mucho el impacto de las medidas macroeconómicas sobre el nivel de actividad económica, más por la provincia en sí misma, que por la situación financiera del gobierno. Veremos cómo se conduce esto para retomar la senda del crecimiento, que por otra parte Argentina la había perdido hace rato. Hay que ver cómo reaccionan los actores económicos del sector privado frente a estas nuevas medidas macroeconómicas. Una es la política cambiaria, pero también está la elevación de la tasa de interés. Es muy prematuro para hacer un análisis en particular. Y además entendemos que faltan medidas de política económica que deberían estar anunciándose para complementar a las que ya están.
—¿La reducción de subsidios, por ejemplo?
—Sí. También qué mecanismos puede haber para atemperar el traslado a precio del movimiento del tipo de cambio. Obviamente si impacta sobre el nivel de actividad a la baja, nos come base imponible sobre el impuesto a los ingresos brutos. La inflación genera más base imponible en términos nominales. Esperamos que logren corregir algunos desequilibrios que tenían en la economía y podamos recuperar el crecimiento con cierta estabilidad.
—¿Tienen un cálculo de cómo pueden evolucionar los ingresos a partir de la suba de impuestos?
—Cuando proyectamos el presupuesto, estimamos ingresos sobre la base de 2015. Con la inflación que sufrimos y sobre la base de crecimiento de 3 por ciento para el próximos año. Sobre esa base presupuestamos, tanto los recursos propios como la recaudación nacional. Ahí tomamos el presupuesto nacional, la masa que se prevé coparticipar, y lo que corresponde a Santa Fe. Se hace sobre esos parámetros. Y habrá que ver sobre el ejercicio cómo nos acomodamos a la realidad de lo que efectivamente va a suceder.
—¿Las actualizaciones empiezan a regir ahora?
—El presupuesto tiene tres o cuatro cosas importantes para destacar en materia de recursos y otras tantas en materia de gastos. En el caso de los recursos, el inmobiliario rural tiene una modificación del 30 por ciento al 50 por ciento. No hay revalúo. Hay por separado un proyecto de ley de revalúo para ser estudiada y aplicada en el tiempo que tiene media sanción en Diputados. Eso nos va a permitir contar con una base catastral mucho más apropiada que la que tenemos ahora. La ley aprueba los valores fiscales y luego se verá cómo trasladar eso a la determinación de impuesto de cada partida. En materia de impuesto inmobiliario urbano y rural determinamos el nivel del impuesto sobre la base actual. El grueso de las partidas están teniendo una variación del 30 por ciento. El 40 por ciento del inmobiliario urbano, 600 mil partidas sobre 1,3 millón, van a tener un incremento el año próximo de cuatro pesos por mes respecto de 2015. Son las partidas que pagan el mínimo y pasan a 204 pesos. El 10 por ciento siguiente va a tener un aumento promedio de 5 pesos por mes. Estamos en el orden de 700 mil cuentas. El 40 por ciento siguiente, que son los rangos, 3,4, 5 y 6, van a tener un aumento promedio mensual de 26 pesos. Y las únicas que tienen aumentos más importantes, unas 100 mil partidas, tendrán una suba del 50 por ciento respecto de 2015. Tiene que ver con nuestra mirada respecto de la progresividad que tiene que tener el sistema tributario. En el inmobiliario rural también se da entre 30 y 50 por ciento. Es un impuesto muy rezagado en el tiempo. Hace 15 años atrás el inmobiliario total era el 25 por ciento, ahora el 8 por ciento. El inmobiliario rural hoy representa el 3 por ciento de los recursos propios de la provincia. Comparado con provincias vecinas es muy poco. Córdoba va a emitir en 2016 arriba de 2 mil millones de pesos en inmobiliario rural con una superficie similar a la nuestra. Entre Ríos va a emitir 1.300 millones de pesos y Santa Fe, 1.050 millones de pesos. Y si comparamos el impuesto en relación a los productos propios de la actividad rural, cualquiera que se tome en los últimos 15 años, el monto del tributo creció muy por debajo de los que crecieron los precios de esos productos. Queremos ir recuperando ese aporte. Esto va a llevar un tiempo.
—¿La baja de las retenciones libera capacidad contributiva para la provincia?
—Si cotejás la incidencia de la retención respecto del inmobiliario, ese 5 por ciento de baja en la soja más que compensa el total del impuesto que tienen que pagar por inmobiliario rural. El impuesto gravita muy poco dentro de la presión impositiva del sector. La baja de las retenciones libera carga tributaria..
—¿En Ingresos Brutos?
—Allí hay un planteo muy interesante que tiene que ver con la modificación de la alícuota general para comercios y servicios. Es la principal. Luego hay contribuyentes industriales y de la construcción, pero la mayoría son comercio y servicios que paga el 3,6 por ciento. En el presupuesto 2016 hay una modificación importante que es la introducción de un alícuota progresiva, que beneficia a 100 mil contribuyentes de los 150 mil contribuyentes del impuesto. Esos bajarán del 3,6 a 3 por ciento. Son los que facturan menos de 1 millón de pesos. Esos contribuyentes, que son la mayoría de los comercios que uno conoce al lado de su casa, desde enero van a tener una alícuota de 3 por ciento. La pérdida de recaudación la compensamos con una suba de 3,6 por ciento a 4,5 por ciento para los que facturan más de 60 millones de pesos. Que son 1.300 contribuyentes. Eso es un cambio importante que trae el presupuesto y beneficia a la mayoría de los contribuyentes. En el medio queda igual.
—De todos modos hubo quejas de entidades empresarias.
—Es entendible que haya contribuyentes que sientan las alícuotas modificadas al alza. Pero la mayoría se benefició con la medida.
—¿Qué destaca del presupuesto por el lado de los gastos?
—Lo más importante del presupuesto es que crece muy encima el gasto de capital por encima del corriente, 50 por ciento contra 35 por ciento. Se duplica la partida de Vialidad. Y desde lo conceptual creamos el fondo de infraestructura vial, al que afectamos la recaudación de recursos propios, concretamente la parte que corresponde a la provincia por el impuesto inmobiliario rural. Y se introdujo también la afectación específica a gastos de capital en su conjunto de la totalidad de los recursos que vayamos a recibir por los fallos de la Corte.
—¿Hay posibilidad de otorgar un bono de fin de año?
—No lo tenemos en nuestra planificación financiera y hoy no estamos en condiciones de pagarlo. Esto no va a en desmedro de la legitimidad del reclamo gremial. Pero la provincia no está en condiciones financieras de absorberlo. En ese sentido, lo único que podemos plantear es que en los años en los que hubo bonos, la paritaria había sido diferente a la de 2015. Esta paritaria se situó por encima de la inflación. Y eso nos pone en una situación diferente. La prioridad del gobernador fue pagar aguinaldo antes de las fiestas y lograr un cronograma de pago con los proveedores razonable. La otra, es garantizar que los municipios y comunas puedan cumplir con estos pagos.
— ¿Santa Fe volverá atener un índice de precios provincial?
—Vamos a estar un poco expectantes para ver qué sucede con la normalización del Indec. Vamos a ver que marco nos generan los cambios a nivel nacional. Hay una interacción significativa entre ambos organismos. El Ipec tomaba precios para el modelo nacional operado por el Indec.
