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Gils Carbó dictaminó a favor de la elección popular de los consejeros

La Corte Suprema de Justicia deberá ahora definir sobre la constitucionalidad o no de los cambios en el Consejo de la Magistratura. La procuradora general de la Nación argumentó que la ley aprobada por el Congreso responde a la demanda de participación ciudadana.  

Martes 18 de Junio de 2013

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó ayer a favor de la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura y ahora será la Corte Suprema de Justicia la encargada de definir si es o no constitucional la reforma impulsada por el gobierno.

El dictamen que lleva la firma de la procuradora consideró válida la elección popular y también el incremento de miembros del Consejo, que pasará de 13 a 19 integrantes.

Gils Carbó se expidió respecto al fallo por el cual la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, había frenado la votación de consejeros y la convocatoria a esos comicios, haciendo lugar a los amparos presentados por el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y por el apoderado del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Traboulsi.

Ahora, tras el dictamen de la Procuración, que no es vinculante, la cuestión quedó en manos de la Corte, que había anunciado que una vez llegado algún caso a ese Tribunal se definiría "inmediatamente".

De esta forma, se espera que el cuerpo que encabeza Ricardo Lorenzetti resuelva los casos antes del próximo sábado, fecha límite para la presentación de las listas de candidatos.

Coherencia. Gils Carbó pidió a la Corte que haga lugar al per saltum interpuesto por el gobierno contra los fallos de Servini de Cubría, al evaluar que la reforma es "más coherente con el compromiso constitucional democrático y da una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno".

La procuradora consideró que se deben revocar esos fallos por haber sido dictados por Servini sin la intervención del Ministerio Público, ya que el fiscal electoral Jorge Di Lello se había excusado, y pese a ello la jueza igual dictó la resolución.

Para Gils Carbó, la nueva ley es adecuada para lograr "los fines de desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros".

"La elección popular prevista por la ley 26.855, así como el incremento de los escaños asignados a los miembros pertenecientes al ámbito académico y científico, vienen a reglamentar el artículo 114 de la Constitución de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático", sostuvo la procuradora.

Además, señaló que la declaración de inconstitucionalidad conlleva una interpretación de la ley de una "visión más restringida de la democracia", a la vez que "se funda en la representación de intereses sectoriales, que no en todos los casos podría ser compatible con el ejercicio del estricto control de un poder del Estado, como lo es el Poder Judicial".

"La voluntad del constituyente ha sido delegar en el Congreso de la Nación la determinación del sistema de elección de los miembros del Consejo, así como del número de representantes de cada uno de los estamentos que lo componen", subrayó Gils Carbó.

También criticó que tal como funciona en la actualidad el Consejo no ha logrado "agilizar y transparentar la selección de jueces probos e independientes, así como adoptar procedimientos más eficaces de control y remoción de los jueces".

En ese sentido, expuso que en 2012 sólo se realizaron doce reuniones de la comisión de selección, se convocaron a seis concursos y únicamente se remitieron ternas al Poder Ejecutivo con respecto a dos.

Sobre la partidización de los integrantes del Consejo, una de las críticas a la reforma, Gils Carbó enfatizó: "La circunstancia de que la lista de candidatos sean vehiculizadas a través de agrupaciones políticas no implica que los candidatos sean partidarios, pues no se exige a aquellos afiliarse a un partido político ni desempeñar cargos partidarios. De este modo, ello no afecta la independencia de los jueces en su función de resolver los casos a su estudio".

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