"Mis expectativas con el nuevo sistema procesal penal son más bien modestas", dijo el defensor público general de la provincia, Gabriel Ganón, a tan solo seis días de que ese sistema entre en vigencia. Para el funcionario, lo que viene es "un engendro legislativo en el que tanto la Defensa como la Fiscalía, que en lo concreto deberían ser organismos autónomos, estarán sometidos al arbitrio de la Corte Suprema". También destacó que "se arranca con recortes presupuestarios que afectarán directamente a las circunscripciones de Venado Tuerto y Reconquista" y que detrás de la ley de reforma de herramientas existe una intención de la Corte de "trabajar menos en lo penal".
— ¿Qué expectativas tiene con la implementación del nuevo sistema procesal penal?
— Tengo expectativas más bien modestas y por varios motivos. Uno de ellos es que la Defensoría, con este engendro legislativo que se ha hecho, está prácticamente sometida en un montón de decisiones a la Corte. De hecho, el nombramiento de los principales funcionarios de la Defensoría está trabado hace mas de un año en ese alto Tribunal y hemos tenido un recorte presupuestario como también lo tuvo la Fiscalía. Pero con lo poco que tenemos trataremos de hacer las cosas lo mejor posible.
— ¿Pero no es éste un cambio trascendente, de fondo?
— Ya lo dije muchas veces, terminan colocando las formas por encima de los contenidos. En definitiva no es tan importante que exista un sistema acusatorio o inquisitivo, sino cómo se llevan adelante las prácticas judiciales y cuáles son los resultados concretos. Injusticia se puede cometer en un sistema acusatorio o inquisitivo, y esto no lo digo yo, sino que lo explica Albert Camus en «El extranjero», donde se describe cómo a través de un sistema acusatorio la persona que está sometida a juicio no sabe bien de qué se trata lo que hablan su abogado defensor, el fiscal y lo que resuelve el juez.
— ¿Ayudará la ley de herramientas que se debatirá mañana en la Legislatura?
— Me parece que hubo una inadecuada ponderación al decidir la puesta en funcionamiento del nuevo sistema. En la última mesa de diálogo que tuvimos, en octubre de 2012, planteamos que era necesario hacer una estimación adecuada de cuántas audiencias iba a haber, dónde se iban a realizar, cuántos jueces se iban a necesitar. Sin embargo el tiempo pasó y nada se hizo por parte del Ejecutivo y la Corte. Es descabellado, a último momento, poner en funcionamiento el sistema sin haber previsto todo eso y tener que tratar de imponer una reforma entre gallos y medianoche.
— ¿Pero se puede arrancar sin esa ley?
— Creo que en las condiciones en la que estamos, y más allá de la ley de herramientas, se puede arrancar con la seguridad de que no va a haber tantas nulidades ni van a hacer falta tantos jueces. Pero lo que no se pone sobre la superficie es el recorte de derechos al que se verá sometida la sociedad por no poder recurrir a instancias superiores como la Corte provincial.
— ¿Y cómo se supera eso?
— Es muy difícil. Si esta reforma se aprueba se va a tener que recurrir a organismos internacionales o a la Corte Suprema de la Nación y eso es sumamente grave. De hecho, la provincia de Santa Fe acaba de ser denunciada como consecuencia de la denegación de acceso a la Justicia y de tener acceso al derecho de defensa en juicio de dos mujeres violadas por su padre en el norte de Reconquista. Esta es una denuncia que hicieron organizaciones de derechos humanos y defensa de las mujeres de Rosario. Esas dos mujeres vieron proscripto su derecho a recurrir la sentencia absolutoria de la Cámara de Reconquista ante la Corte Suprema de Santa Fe. Y si se sanciona esta reforma, ante un hecho similar se van a encontrar en la misma situación.
— ¿Le parece que está bien planteada la cantidad de audiencias?
— En este sentido se incorpora un acto burocrático más. En el Código actualmente sancionado, en la audiencia imputativa se resuelve la imputación y las medidas cautelares contra el detenido. Pero la reforma que se intenta imponer en la Legislatura entre gallos y medianoche incorpora dos audiencias: una de imputación de los hechos y otra de decisión sobre medidas cautelares. Esto, lejos de acelerar el trámite y simplificarlo, lo complejiza y aletarga. Un acusado va a tener que pasar mas tiempo privado de la libertad porque primero va a tener que ir a la audiencia imputativa y después a la de medidas cautelares.
— ¿Con cuántos defensores se arrancará en Rosario?
— En la actualidad hacen falta aprobarse una serie de pliegos así que arrancaremos con 26. Pero Rosario no es el lugar donde va a haber menos cantidad de defensores. Hay otros lugares donde nos encontramos con serias dificultades como en Venado Tuerto, donde hay un solo defensor nombrado más el defensor regional. Algo similar ocurre en el norte, donde hay un defensor para Vera y otro para Reconquista. En esas dos circunscripciones es donde hay un déficit importante y vamos a tener inconvenientes.
— ¿Ese problema puede enmendarse enviando defensores de otras circunscripciones?
— No se puede. Tampoco tendríamos la posibilidad de contratar personas que lleven adelante la función porque no hay presupuesto para hacerlo.
— ¿El imputado va a tener que recurrir a un defensor privado?
— Estamos trabajando para ver cómo se puede llegar a una alternativa para suplir esa deficiencia en el mientras tanto y hasta que finalicen los concursos que están pendientes para cubrir esas vacantes.
— ¿En Rosario los defensores se van a organizar temáticamente como las Fiscalías?
— No. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de organización. La idea nuestra es tratar de prestar especial atención a las urgencias, poder tener una intervención inmediata a todas aquellas personas privadas de la libertad y poner todo el esfuerzo posible para inhibir los altos niveles de violencia institucional que existen en la provincia de Santa Fe.
— Si bien los fiscales serán quienes encabecen las investigaciones, la herramienta sobre el terreno seguirá siendo una policía cuestionada por su accionar. ¿Qué opinión le merece esto?
— Evidentemente no se puede trabajar con esa misma policía. Puede haber muy buena voluntad y predisposición, pero seguir trabajando con el mismo cuerpo policial no va a cambiar en esencia absolutamente nada. El veto que hizo el Ejecutivo en la ley de Policía Judicial es un golpe contundente a cualquier posibilidad de cambio en las investigaciones, especialmente las complejas. Va a ser la misma policía que tiene a su jefe de preso (por Hugo Tognolli) y a varios de sus jefes investigados por enriquecimiento ilícito, la que siga investigando y la que logró imponerle al gobernador que elimine los ascensos por concurso. La herramienta con la que se va a trabajar es la misma y difícilmente el resultado pueda modificarse a partir de que los fiscales asuman la investigación. Si se tiene en cuenta que sobre los fiscales va a recaer la obligación de estar presentes en todas las audiencias, van a tener poco tiempo para estar directamente sobre la investigación y van a terminar delegando ese trabajo en la policía.
— ¿Es suficiente para asistir a un sospechoso las 24 horas planteadas entre la detención y la audiencia imputativa?
— El 90 por ciento de los casos que ingresan a los Tribunales provinciales son los que la policía resuelve porque se los va llevando por delante, así que 24 horas prorrogables por otras 24 es un despropósito. Y prorrogarlo para las audiencias cautelares es un despropósito mayor.
— ¿Qué aspecto positivo encuentra en el nuevo sistema?
— Es un paso pequeño hacia el acceso de las personas a sus garantías constitucionales. Y eso también es relativo, porque en este engendro legislativo se ha dejado a 6 mil personas privadas de la libertad dentro de un sistema en el cual su defensa va a seguir en manos del Procurador, lo cual es un disparate monumental que nosotros no vamos a poder cubrir.