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Ganón advierte que "culpan al gasista para atenuar la responsabilidad de Litoral Gas"

El defensor público de la provincia, Gabriel Ganón, advirtió sobre las derivaciones que puede tener el proceso judicial que investiga la trágica explosión en Salta 2141.

Sábado 17 de Agosto de 2013

El defensor público de la provincia, Gabriel Ganón, advirtió ayer sobre las derivaciones que puede acarrear el proceso judicial de la causa que investiga la trágica explosión en el edificio de Salta 2141. "Se persiste en la voluntad de mantener la culpabilidad del gasista, cuánto más agravada mejor, para atenuar la responsabilidad económica de Litoral Gas", cuestionó el funcionario, quien también criticó que se mantenga detenido al gasista Carlos García, único imputado por el delito de estrago culposo, agravado por las 21 muertes.

El cambio de radicación de la causa judicial que se sustancia para esclarecer las causas del accidente generó coletazos en el ámbito del Poder Judicial. El juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone, que la recibió de su par Juan Carlos Curto, se mostró mesurado pero algo molesto. Se tomará un tiempo para evaluar las actuaciones, aunque ordenó una primera medida: que las pertenencias de los damnificados bajo custodia policial comiencen a ser devueltas a sus dueños.

Tras recibir el expediente del conmocionante accidente ocurrido el martes 6 de agosto en Salta y Oroño, porque Curto se declaró incompetente, Beltramone prefirió no hacer declaraciones públicas. Pero fuentes allegadas a su despacho indicaron que se encontraba molesto. Y no por tener que hacer frente a la investigación, sino porque prefería actuar desde un principio en la pesquisa, porque así lo había manifestado oportunamente ante la Cámara Penal apenas se desató la tragedia.

Desde el entorno del juzgado se indicó que el juez se tomará varios días para revisar los tres cuerpos del expediente Nº 970/2013, que tiene al gasista como único imputado por estrago culposo agravado por las muertes. Ese hombre es quien manipulaba el regulador de gas a las 9.30 del martes de la semana pasada cuando se produjo una fuga que dio paso a la explosión que se cobró la vida de 21 personas.

Aunque el caso se define como accidente (por eso se investigaba bajo la competencia Correccional), el cambio a un juez con potestad para imputar delitos bajo la figura del dolo (intencionales) abre una abanico de especulaciones. En ese camino, el defensor público de Santa Fe advirtió sobre posibles consecuencias irreparables.

El más débil. "Lo que cuestiono es que se persiste en la voluntad de mantener la culpabilidad, cuanto más agravada mejor, en cabeza del gasista, con el propósito de atenuar la responsabilidad económica de Litoral Gas. Esto es una constante de la Justicia de Rosario, que es muy dura con los más vulnerables. Siempre nos quedamos con el eslabón más débil de la cadena en vez de buscar responsabilidades superiores, que requiere de más trabajo y voluntad", advirtió Ganón en clara referencia al rol de la concesionaria en fiscalizar las redes de gas.

"Además —prosiguió— se está violando el principio de inocencia de García, que no puede estar detenido por este delito", opinó. En ese camino, recordó el caso del empleado de la vuelta al mundo del International Park, puesto tras las rejas por la muerte de dos hermanas de 12 y 14 años; o el de una mujer que fue perseguida penalmente porque decidió dejar a su hijo recién nacido en el Hospital Centenario.

El funcionario puso el acento en la repercusión económica del siniestro. "Las compañías de seguros y Litoral Gas van a ejercer presión para que se cambie la carátula al dolo eventual con el objetivo de que desaparezca el nexo de causalidad del accidente y, de esa manera, no enfrentar la reparación económica de los damnificados. Allí se verá lo que sucede con las personas que sufrieron algún daño o pérdida", apuntó Ganón.

Hasta el momento la investigación acumula varias medidas: declaración indagatoria a García (reconoció que hizo el trabajo pero que encontró un dispositivo con 30 años de antigüedad y arreglado previamente por otro gasista), testimonial de por lo menos ocho empleados de Litoral Gas (jerárquicos, inspectores y jefes de área), secuestro de la válvula, regulador y caños de la conexión de gas. Por otra parte, se aguarda un informe del Enargás (Ente Regulador del Gas) acerca del desempeño de la empresa en Rosario.

Además, se secuestró documental y registros de la concesionaria y se realizaron allanamientos a las oficinas de Litoral Gas en busca de material valioso para la causa. Se comprobó así que el 27 de julio Litoral Gas inspeccionó en el edificio siniestrado el trabajo de otro gasista (hecho el 24 de julio) y también el 2 de agosto, donde no se constató fuga de gas.

Por otra parte, el jefe de redes domiciliarias de la empresa admitió que el 1º de agosto García concurrió a las oficinas de 24 de Septiembre y Ayacucho, donde al consultar sobre qué trámites debía hacer para proceder al cambio de regulador de gas, le dijeron que ninguno, porque él era matriculado y estaba habilitado para proceder.

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