El gobierno provincial dejó claro ayer que el proyecto de emergencia en seguridad aprobado por el Senado provincial el jueves le parece una medida cosmética y sin eficacia. Si no se establece con qué fondos solventar las medidas propuestas por los senadores justicialistas para atenuar la criminalidad, dicen en la Casa Gris, la iniciativa no será más que papel escrito. El más explícito al respecto fue el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, quien al hablar de las exigencias constantes en la materia recordó que Santa Fe es el único lugar donde no se puede acordar la actualización de tributos.
"Todos los aportes que se quieran hacer con buenas intenciones nosotros los recibimos, los vamos a escuchar y lo que se pueda aplicar lo vamos a aplicar", dijo Galassi. Pero enfatizó que "para que no sólo sean buenas intenciones se deben prever los recursos necesarios para poder llevar a cabo esas acciones. Si no quedan en el terreno de la letra y no se convierten en políticas".
El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, recorrió el mismo andarivel. "A las declaraciones de emergencia yo las tomo con precaución porque en materia de seguridad se necesitan políticas que llevan su tiempo. Equipar las fuerzas, incorporar tecnología o formar investigadores son cosas que no se hacen de la noche a la mañana. Este es un país signatario de leyes internacionales que tenemos que respetar. Algunas de las propuestas son importantes. Pero no en el marco de una emergencia sino en el contexto de una política sustentable", sostuvo.
El recorte. La distinción entre medidas posibles y recursos para ellas no pareció casual. Lo que plantea el gobierno es que los senadores que requieren inversiones tecnológicas en seguridad son los mismos que bajaron de 1.500 millones a 800 millones la capacidad recaudatoria de la reforma tributaria. Recortando, por ejemplo, el avalúo del impuesto inmobiliario rural, en una provincia donde el valor fiscal de la tierra es más de 20 veces más bajo que su valor de mercado.
"Santa Fe es el único lugar donde no podemos consensuar una actualización en los tributos", se lamentó Galassi.
Hace poco el gobierno de Antonio Bonfatti sostuvo que Entre Ríos, que tiene menos superficie, recauda por inmobiliario rural un 75 por ciento más que Santa Fe, según cifras de la agencia tributaria de la provincia vecina.
"No necesitamos que haya una declaración de un cuerpo legislativo para trabajar en el tema de la seguridad. No obstante si los senadores interpretan que esta herramienta nos pueda dar algunos instrumentos para mejorar nuestra gestión en el área nosotros la aceptamos", estableció.
La iniciativa. El proyecto aprobado el jueves con la oposición del Frente Progresista propone "herramientas" para que el Poder Ejecutivo avance durante 18 meses en la capacitación de las fuerzas policiales, la adquisición de elementos e incorporación de tecnología para la prevención del delito. Entre ellos dotar de mayor cantidad de cámaras de seguridad a ciudades y poblaciones de la provincia y criterios para la redistribución de los agentes de las unidades y secciones policiales.
"Tenemos que tener cuidado con lo que significa la emergencia. En el país hubo declaraciones de emergencia de distinta índole y el resultado no fue el más deseado. Y tampoco, salvo una excepción, se realizó una declaración de emergencia en seguridad en las provincias", dijo Lamberto ayer a este diario "El proyecto tiene buenas intenciones pero se necesitan recursos excepcionales y debería verse de dónde se obtienen".