El Juzgado Correccional Nº 7, a cargo del juez Juan Carlos Curto, citó a declaración indagatoria al director de Inspección municipal, Gregorio Ramírez, y a la directora municipal de Concesiones, Hilda Gontín, en el marco de la causa que investiga el accidente ocurrido el 10 de agosto en la rueda gigante del International Park, donde fallecieron dos niñas de 12 y 14 años.
El juez citó también al secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, quien a diferencia de los otros dos funcionarios deberá prestar declaración testimonial, es decir no existe sobre él la presunción de que pudiera haber cometido un delito, como sí lo hay sobre Gontín y Ramírez.
En el marco de la causa, el apoderado de la concesionaria de los juegos del parque Independencia y el empleado que operaba el juego mecánico están imputados de homicidio y lesiones culposas.
Las responsabilidades por la muertes de Florencia y Melani Aranda comienzan a rozar la administración municipal con la primera diligencia judicial que involucra a funcionarios de primera y segunda línea.
Aquel sábado 10 de agosto las chicas oriundas de Rafaela habían ido a festejar el Día del Niño junto a sus padres. Al encontrarse a unos 20 metros de altura y dentro de una góndola de la rueda gigante, esta estructura se desplomó al piso provocando la muerte de ambas y dejando a Jackelin, otra hermana de 9 años, con graves lesiones.
El siniestro originó la apertura de una investigación a cargo del juez Curto, quien ordenó la detención del apoderado de International Park, Adrián Francisco O., y del empleado de 19 años que operaba la rueda en ese momento, Emiliano S. Ambos fueron liberados pero están imputados de homicidio y lesiones culposas.
En paralelo, expertos en ingeniería mecánica forense de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fueron convocados por el magistrado actuante para realizar pericias que permitan determinar el origen del desprendimiento de la taza. Y si bien no existe un informe final de los especialistas, un avance preliminar desechó que el exceso de peso o la velocidad hayan sido determinantes en el hecho.
Extraoficialmente, las miradas apuntan a fallas de origen de la estructura, en su instalación, o bien en una falta de mantenimiento. Tampoco fueron convincentes para los peritos los débiles cinturones de seguridad que los pasajeros se colocaban al ascender a cada taza.
A Tribunales. En la cédula de notificación enviada ayer, a Emiliano S. el juez Curto le solicita una ampliación de la indagatoria para el 18 de este mes. Al otro día, a las 10, Asegurado deberá prestar declaración testimonial.
"Atento los elementos de prueba obrantes en la causa, cítese a prestar declaración indagatoria a Hilda Gontín para el 2 de octubre a las 10 y a Gregorio Ramírez para el 4 de octubre a las 10", expresa el documento judicial al que este diario tuvo acceso..
La subsecretaría Legal y Técnica del municipio, María del Carmen Donadío, admitió ante LaCapital estar en conocimiento extraoficialmente de la testimonial y las indagatorias que recayeron sobre los funcionarios municipales.
"No queremos suponer nada, atento a que hay pericias por delante y no sabemos las causas de la citación. Existe un informe preliminar, del cual estimamos que tendremos copia el próximo lunes, pero entendemos que es información sobre causas posibles, pero no constituyen una pericia", consideró Donadío para agregar: "El juez tiene facultades para citar a los funcionarios. Nosotros estamos convencidos que se actuó conforme a lo que disponen las normas".
El director general de Asuntos Jurídicos ,Alejandro Schvartzman, reconoció que las indagatorias a Gontín y Ramírez "es porque le imputan un delito en concreto, y es muy posible que sea por incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que no habría otra posibilidad de vincularlos a la causa".
La Municipalidad tiene previsto proveer de abogados defensores a los dos funcionarios que serán indagados. Schvartzman recordó que una norma vigente establece que los agentes citados por la Justicia tienen derecho a un defensor con el adelantamiento de los honorarios a cargo del Ejecutivo. Si el funcionario resulta condenado deberá devolver la plata a la Intendencia y si es absuelto, lo paga la administración.
"Consideramos que todos han obrado correctamente, no existe incumplimiento de ningún tipo. No olvidemos que aún se desconoce la causa por la que se cayó la góndola y se sigue avanzando para saber cómo ocurrió el accidente".