Frenaron las libertades de los represores acusados en la Esma

La liberación de un grupo de represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta, quedó suspendida luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal aceptara la apelación fiscal para que el caso sea definido por la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal de Casación Raúl Pleé presentó ayer ante la Sala II de Casación —el mismo tribunal que ayer había ordenado el cese de las prisiones preventivas de los imputados— el pedido de suspensión de la medida y los argumentos iniciales de la apelación.

Si bien ahora Casación debe notificar a los acusados y preguntarles qué opinan al respecto para definir su posición, lo cierto es que con este recurso el caso sobre las excarcelaciones en la megacausa Esma pasa a manos del máximo tribunal, que debe rechazar o avalar la medida.

Despegue. Fue precisamente el integrante más antiguo de la Corte, Carlos Fayt, quien ayer, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, se despegó de la críticas que llegaron del gobierno a los hombres de la Justicia.

"No es culpa nuestra, es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados", dijo Fayt al abrir la polémica con hombres del gobierno y la oposición.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, rechazó esa excusa y se quejó de los jueces que permiten "chicanas" que convierten los procesos judiciales en "chicle". Y aseguró que aunque el fallo parezca garantista, "es del peor conservadurismo".

Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura no había ingresado hasta última hora ninguna de las anunciadas denuncias contra los jueces Gustavo Yacobucci y Luis García, de Casación, que —con la disidencia de su colega Gustavo Mitchell— dieron visto bueno a la excarcelación de los represores.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en una conferencia de prensa que se concretó mientras Pleé presentaba la apelación, anunció que impulsaría el juicio político para los dos camaristas de Casación y un jury a integrantes del Tribunal Oral Federal 5 por mal desempeño en sus funciones.

Duhalde remarcó que la propia presidenta Cristina Kirchner había dicho que el fallo "avergüenza a la Argentina y a la humanidad" y acotó que, así, se "avergüenza a la Justicia".

Sacudón. Es que el jueves los organismos de derechos humanos se vieron sacudidos con la resolución de la Cámara de Casación que aceptó excarcelar, por el tiempo que ya han pasado detenidos sin condena, a los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Antonio Pernías, Manuel García Tallada, Ramón Díaz Bessone, los ex prefectos Juan Antonio Azic y Raúl Scheller.

También se había dispuesto la excarcelación del ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y el ex juez Víctor Brusa, entre otros, detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe.

Ayer, no obstante, el fiscal Pleé consiguió congelar las eventuales salidas de la cárcel de esos represores: señaló que las libertades ordenadas por Casación suenan a "sentencia definitiva" y plantean "el riesgo de que se frustre el juicio oral y público por un hecho de la trascendencia del que se trata".

"Nos encontramos ante una cuestión federal compleja, ya que con la interpretación de Casación se ha hecho una aplicación inadecuada de la ley, motivo que la desvirtúa y torna inoperante. En esas condiciones, corresponde dejar sin efecto el fallo" hasta que la Corte lo resuelva, añadió Pleé.

El fiscal tildó la medida de "arbitraria", sostuvo que "incide en el menoscabo de la administración de Justicia" y sostiene que el fallo dispone "sin fundamentación lógica —dada la escasez de argumentos habilitantes— la libertad provisoria" de procesados a los que se les imputa "su intervención dolosa en delitos de lesa humanidad cometidos durante los años 1976-1983, ignorando al instituto de la prisión preventiva".