El ejecutivo francés aprobó el ayer su proyecto de inscribir en la Constitución el régimen del estado de emergencia para hacer frente a la "amenaza terrorista", rechazando las críticas sobre los alcances que podría comportar para las libertades individuales.
El estado de emergencia, excepción al Estado de derecho, fue decretado inmediatamente después de los atentados del 13 de noviembre (130 muertos) reivindicados por el grupo Estado Islámico. Este régimen, votado por la casi unanimidad del Parlamento, será aplicado hasta el 20 de febrero.
"En honor a la verdad, hay que repetir que la amenaza no ha sido nunca tan elevada", justificó el primer ministro socialista Manuel Valls.
Esta es la mejor garantía contra toda "deriva", que permite "limitar los criterios de activación del estado de emergencia" y de "enmarcar las medidas de prolongación en la Constitución", declaró.
"Los que afirman lo contrario se equivocan y además no persiguen el objetivo que se ha dado: asegurar más nuestra democracia y nuestro Estado de derecho", declaró Manuel Valls, dirigiéndose a los detractores de esta reforma que consideran que atenta contra las libertades individuales. El estado de emergencia permite a los representantes del Estado realizar registros, arrestos domiciliarios y disoluciones de asociaciones sin permiso de la autoridad judicial, bajo la simple sospecha de amenaza para la seguridad pública.
Este régimen de excepción estaba regido hasta ahora por una simple ley y era susceptible de ser cuestionado delante del Consejo Constitucional, lo que ya no será posible una vez se realice la reforma.
Desde hace más de un mes, decepcionados por las diferentes derivas en la aplicación del estado de emergencia relatadas por los medios, algunos responsables, sobre todo de izquierdas, se interrogan sobre su verdadera eficacia.
Según el Ministerio del Interior francés, los cerca de 3.000 registros llevados a cabo desde los últimos atentados se tradujeron en 346 detenciones, 297 detenciones provisionales y 51 persones encarceladas. Una ínfima minoría de personas afectadas fueron acusadas de vínculos con el terrorismo.
El proyecto del gobierno será sometido por aprobación en el Parlamento. Manuel Valls anunció un "debate a partir del 3 de febrero" en la Asamblea Nacional. Para que sea adoptado, el texto debe obtener una mayoría especial de tres quintos de los diputados y senadores.
Después de varios días de titubeos gubernamentales, Manuel Valls precisó que se mantuvo la posibilidad de privar de la nacionalidad francesa a todos los binacionales nacidos en Francia y condenados de manera definitiva por "crímenes contra la vida de la nación", incluyendo actos de terrorismo.
La privación de la nacionalidad existía en Francia, pero únicamente para los binacionales que adquirieron la nacionalidad francesa a lo largo de su vida. Su extensión a los binacionales nacidos en Francia fue reclamada por la oposición de derechas y de extrema derecha. Un tema controvertido, en particular para la izquierda. El país tiene unos 3,5 millones de binacionales.
Otra medida tomada en paralelo al estado de emergencia, el restablecimiento de los controles en las fronteras francesas después de los atentados de París, llevó a que se rechaza el ingreso al país a 3.414 personas.
Ayer, el primer ministro anunció que "el umbral de los mil individuos que se unieron desde Francia a los grupos yihadistas en Siria o en Irak" acababa "de ser superado".
"Alrededor de 600 de ellos continúan allí, se estima que unas 148 personas han muerto, y 250 volvieron a nuestro territorio", precisó Manuel Valls.
Por Hernán Cabrera